La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) pidió la autorización de la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA) para destruir miles de documentos que contienen quejas de abusos y malas conductas de sus agentes.
Hasta el momento, más de 100 organizaciones se han opuesto a esta petición. Alegan que la CBP intenta ocultar una creciente falta de responsabilidad frente a los abusos de sus agentes. Pese a esto, el 9 de julio, NARA autorizó la petición de la CBP.
Entre los archivos que la agencia planea destruir se encuentran quejas de derechos civiles e investigaciones sobre la conducta de funcionarios y oficiales. También se encuentran los registros relacionados con las acusaciones de la Ley de Eliminación de Violaciones en Prisión (PREA).
Las organizaciones que se oponen a esta medida argumentan que dichos documentos son esenciales para evaluar los patrones de abuso y mala conducta de los agentes y funcionarios de la CBP. También son necesarios para investigar las fallas en los procedimientos de denuncias contra la agencia. De hecho, argumentan que la Oficina no ha respondido adecuadamente a las denuncias en contra de sus agentes.
CBP: irregularidades y denuncias sin atender
De acuerdo con datos publicados por el Consejo Estadounidense de Inmigración en 2017, la CPB no tomó ninguna medida en el 95.9% de las quejas presentadas contra sus oficiales durante tres años consecutivos. En dichas quejas, los abusos más frecuentes incluyen violencia verbal, robo de propiedad y agresión física.
Por otro lado, los mecanismos de rendición de cuentas de la CBP son poco accesibles para las personas. Un estudio del Instituto Cato dice al respecto:
“Es prácticamente imposible evaluar el alcance de la corrupción o la mala conducta en la CBP… porque la mayoría de la información disponible públicamente estaba incompleta o es inconsistente”.
A pesar de esto, NARA autorizó la destrucción de los documentos argumentando que carecen “de suficiente valor administrativo, legal, de investigación o de otro tipo para garantizar su conservación continua por parte del Gobierno”.
Contrario a esto, las organizaciones que se oponen a la medida dicen que estos documentos tienen un valor a largo plazo para legisladores, defensores, investigadores e historiadores. Agregan que destruir estos registros sería como borrar una parte importante en la historia de las leyes migratorias. Además, sería un acto antidemocrático, pues impide que el gobierno rinda cuentas claras.
Con información de Immigration Impact.
