Un juez federal frenó temporalmente la política del Gobierno de Donald Trump que autoriza a los agentes de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) para que evalúen la validez de los argumentos de quienes piden asilo en Estados Unidos porque temen retornar a sus países.
Richard Leon, juez del Distrito de Columbia, calificó como “tontería” el argumento gubernamental sobre la capacitación de los agentes de CBP para esa tarea.
Además, prohibió que el Gobierno saque del país a las personas que se encuentran en espera de un dictamen sobre los méritos de este caso.
Bajo la ley estadounidense, cuando una persona solicita asilo su caso es evaluado por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS). Sin embargo, en enero una ordenanza el Gobierno de Trump dio esa autoridad a CBP.
Los demandantes en el caso sobre el cual el juez Leon puso un alto, son cuatro madres y sus hijos recluidos en el centro de detención de ICE en Dilley, Texas.
Estas familias huyeron de sus países por la violencia y las persecuciones e indicaron su intención de pedir asilo.
No obstante, en lugar de ser entrevistadas por agentes capacitados de USCIS, cada uno de ellas fue sujeta a lo que el Centro de Responsabilidad Constitucional describe como “interrogatorios agresivos” por parte de agentes de CBP.
Las familias demandaron a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y a Mark Morgan, director interino de CBP, quien había aprobado la ordenanza.
El juez argumentó que Morgan no tenía atribuciones para aprobar el acuerdo con USCIS, dado su posición como director interino de CBP es inválida bajo la Ley de Reforma de Vacantes Federales.
Con información de La Opinión.
