El juez Chhabria emitió una orden temporal que requiere realizar pruebas de Covid-19 cada semana a los migrantes con métodos que brinden resultados rápidos.
Un juez federal de Estados Unidos ordenó que se efectúen pruebas de Covid-19 a todos las personas que estén en centros de detención de migrantes en California.
De igual forma, declaró que las autoridades mostraron indiferencia deliberada frente a un posible riesgo de brote.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) perdió el derecho a que se le tenga confianza en que adoptará medidas en el Centro de Detención Mesa Verde en Bakersfield; según informó el juez federal Vince Chhabria. De momento, ICE no respondió a los comentarios del juez.
Cabe destacar que Mesa Verde es propiedad de un contratista privado del ICE y alberga a 121 hombres que han impugnado en tribunales los procedimientos de deportación o están a la espera de ellos.
Por lo menos, nueve detenidos y 14 miembros del personal dieron positivo a las pruebas de coronavirus, según el periódico Bree Bernwanger
, del Comité de Abogados pro Derechos Civiles en San Francisco.Varios jueces ordenaron liberar a los detenidos médicamente vulnerables al virus en Mesa Verde y otras instalaciones.
Sin embargo, funcionarios de ICE indicaron en correos electrónicos al contratista, GEO Group, que la agencia quería evitar la realización de pruebas universal; ya que no tenía espacio para poner en cuarentena a quienes dieran positivo.
“Han evitado la realización de pruebas generalizadas al personal y los detenidos en la instalación. No por falta de pruebas, sino por temor a que se vean obligados, en caso de resultados positivos, a poner en marcha medidas que ellos al parecer consideraron que no valían la pena”, dijo el juez.
Chhabria emitió una orden temporal que requiere realizar pruebas cada semana a todos los detenidos con métodos que brinden resultados rápidos
. También prohibió nuevas admisiones en Mesa Verde y ordenó a ICE reservar un dormitorio para personas que den positivo.Finalmente, se programó una audiencia para el 21 de agosto y el juez decidirá si se amplía la orden o no.
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