Un año después de iniciada la batalla para desbaratar el sindicato de jueces de inmigración, el Departamento de Justicia perdió la batalla y no podrá obligarlos a implementar, como quiere Donald Trump, la política migratoria de tolerancia cero en los tribunales.
La Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA) determinó a finales de julio que los jueces de inmigración tienen plenos derechos laborales.
Decisión que les permite permanecer sindicalizados y ejercer conforme dicta el debido proceso migratorio y no obedecer órdenes del fiscal general.
“El intento del Departamento de Justicia de descertificar la Unión (o sindicato) no tiene mérito”, dijo la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ).
La agencia encargada de proteger los derechos de los empleados federales dijo no haber hallado mérito en los argumentos del Departamento de Justicia.
La cual indicaba que los jueces son “gerentes” a quienes se les debe negar el derecho de formar un sindicato y negociar colectivamente con su empleador.
Susan S. Bartlett, directora regional de la FLRA, escribió en la decisión que los jueces de inmigración “no son funcionarios administrativos”.
Porque ellos actúan como jueces reuniendo hechos de testigos y documentos, y aplicando esos hechos a las leyes, reglamentos, precedentes y decisiones existentes.
El fallo, fechado el 31 de julio y conocido este lunes, confirma una decisión previa de la FLRA del año 2000.
Rechazando un intento anterior de descertificar el sindicato basado en reclamos casi idénticos presentados también por parte del Departamento de Justicia.
“Estamos extremadamente satisfechos con el director regional por la cuidadosa decisión que reconoce la verdad de nuestra vida cotidiana en la corte”, dijo la NAIJ.
Con información de Univisión.
