Solicitantes de la residencia permanente y defensores de los inmigrantes presentaron una demanda contra el Gobierno de Donald Trump y la regla de “carga pública”.
Los demandantes dicen que la norma de Trump “contiene políticas diseñadas para evitar ilegal y arbitrariamente que que los inmigrantes, excepto los más ricos, accedan a la Green Card“.
“La administración Trump está tratando de eludir y remodelar nuestro sistema de inmigración y las normas legales de admisión”, indica AILA.
Abogados de NILC, AILA, Jenner & Block LLP y Morgan Lewis & Bockius LLP advierten que se imponen cargas y costos arbitrarios adicionales sin precedentes.
También indican que se solicitan nuevos requisitos probatorios a través de la “declaración de autosuficiencia” del Formulario I-944.
“Alguna de la información requerida es irrelevante para la investigación y parece diseñada para disuadir a los solicitantes de presentar una solicitud”, aseguran AILA.
Así mismo alegan que las pautas y el formulario son inválidos porque se desarrollaron cuando el DHS y USCIS carecían de un Secretario o Director que sirviera legalmente.
¿Cómo se define si un migrante es carga pública?
Según la política migratoria de Trump, un inmigrante legal será definido como “carga pública” si recibe “uno o más beneficios públicos” durante más de 12 meses en un periodo de tres años.
Pero este concepto también se tendrá en cuenta para determinar quiénes podrían llegar a necesitar en el futuro algún tipo de asistencia.
Otros demandantes en el caso incluyen a las organizaciones Community Refugee and Immigration Services e Immigrant Legal Defense.
BREAKING: NILC, @AILANational, and our pro bono counsel are suing the Trump admin today on behalf of LPR applicants and their sponsors to halt the unlawful expansion and implementation of the public charge “wealth test” for immigrants. https://t.co/GotELBuHx9
— National Immigration Law Center (@NILC) July 13, 2020