Un fallo de un juez permitirá al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantener bajo detención a un migrantes por considerarlo peligroso.
Esto, debido a que el pasado 12 de diciembre la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito falló a favor de la agencia federal.
La disputa se dio por el caso Keston Lett, un ciudadano de Trinidad y Tobago que fue arrestado en 2018 en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) encontrará 2,12 kilos de cocaína en su maleta.
Fascinating @alanfeuer story on immigration detainers as-applied to criminal defendants free on bail in EDNY.
But: No links to documents, no docket number? You can do better, NYT! https://t.co/LsWAQCep36— John Hawkinson (@johnhawkinson) January 7, 2018
El sujeto fue puesto en libertad condicional para enjuiciamiento penal y fue transferido a la oficina de custodia de la Oficina de Prisiones (BOP) en el Departamento de Justicia.
El caso Lett
Posteriormente, se presentó una denuncia penal contra él por importar cocaína en violación de la ley federal, ICE emitió una orden de detención contra él.
Ese mismo día, un juez de primera instancia ordenó que Lett fuera detenido en espera de juicio de conformidad con la Ley de Reforma de la Fianza (BRA).
Al mismo tiempo, ICE presentó una detención por motivos de inmigración en su contra.
Por su parte, Lett renovó su solicitud de fianza previa al juicio; sin embargo, el gobierno argumentó que corría el riesgo de fugarse.
El gobierno acordó liberar a Lett de la custodia de la BOP, quien lo transfirió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por orden de ICE.
El Segundo Circuito desestimó la afirmación de Lett sobre su proceso de deportación y determinó que ICE puede retenerlo y aplicar un proceso en su contra de expulsión con base en leyes migratorias.
En conclusión, el tribunal de distrito dijo que una persona en un riesgo de fuga o peligro para la comunidad en virtud del BRA no tiene ninguna relación con el hecho de que esa persona pueda demostrar que es admitido en el país.
El gobierno tiene la máxima autoridad para decidir qué procede con el acusado.
Este fallo podría permitir que otros casos similares sean resueltos a favor de la migra, sin embargo, falta ver si puede generar jurisprudencia o no.
Con información de Agencias
