El 19 de octubre se cumplió un año de la entrada de la primera caravana de solicitantes de asilo a México. Desde entonces, el tema migratorio ha pasado de la esperanza del libre tránsito a la detención, contención, deportación, en el contexto de una política migratoria regida por los acuerdos que EE. UU. ha impuesto en la región.
Las cifras pueden dar cuenta de ello: en 2019, se estima que las solicitudes de asilo en México alcanzarán 8 mil, y unos 60 mil solicitantes de asilo en EE. UU. serán devueltos a México mientras esperan sus audiencias. Además, de enero a agosto, México ha deportado a 94,970 personas, y al menos 3 mil personas de origen africano están atrapadas en Tapachula, Chiapas, como resultado del cerco militar en la frontera sur del país implementado por la presión de EU.
El jueves 17 de octubre, pocos días después del aniversario del actual éxodo, Mick Mulvaney, el jefe de Gabinete interino de la administración Trump, dio una conferencia de prensa en la se refirió a la política exterior de Estados Unidos y a las condiciones bajo las cuales se otorga asistencia económica.
Mulvaney reconoció que la administración Trump retuvo la asistencia económica para Guatemala, Honduras y El Salvador como una estrategia de presión para que estos países adoptaran medidas de control de la emigración desde sus países y el tránsito de personas extranjeras, y admitieran a solicitantes de asilo enviados desde Estados Unidos, bajo los acuerdos de asilo. Efectivamente, Estados Unidos ordenó la suspensión de fondos de programas de asistencia en Centroamérica, y anunció durante esta semana su reanudación.
Problemas de asilo continúan
A pesar de todas las medidas de contención, las condiciones que expulsan a las personas a abandonar sus países y buscar protección en Estados Unidos o en México continúan.
La violencia contra las mujeres, la pobreza y la discriminación de género continúan. Es importante recordar que El Salvador penaliza la terminación del embarazo en todos los casos y que los casos de mujeres condenadas por este delito, refleja la profunda inequidad y vulnerabilidad que enfrentan las mujeres.
Además, es importante no perder de vista el impacto de las políticas de control migratorio en las personas que han tenido que sufrir la separación de su grupo familiar, la detención y la incertidumbre en torno a su futuro. Las políticas migratorias tienen impactos psicológicos profundos que se han ignorado, y que tendrán repercusiones duraderas en la salud mental de las personas que han hecho parte del éxodo.
Entre junio de 2018 y junio de 2019, la organización Médicos sin Fronteras (MSF) registró la atención de 2,315 pacientes de salud mental en Reynosa y Matamoros, puntos fronterizos con EU. De ese total, 45 % de las personas aseguraron haber sido víctimas de algún tipo de violencia, como agresión física o violencia sexual. Lo indignante es que la mayoría de estas personas que sufren violencia en la ruta migratoria se vieron obligadas a salir de sus países de origen por esa misma causa.
El impacto en la niñez es significativo, y a pesar del Acuerdo Flores -una precedente judicial que obliga a los EU a dar un buen trato a la niñez migrante- los niños y las niñas continúan siendo víctimas de la política migratoria que antepone su condición de migrantes a la protección a la que tienen derecho en consideración al interés superior de la niñez.
Mexico, país de éxodos y deportaciones
México sigue intentando dar opciones para frenar el “éxodo” de sus vecinos. Al “Plan Sembrando Vida”, lanzado a mediados de año, se suman tres iniciativas de desarrollo económico para mitigar la migración, anunciadas la semana pasada: establecer un despacho de aduana para facilitar el comercio con la región, construir un mercado de deuda común regional, y el establecimiento de una red eléctrica en Centroamérica y envío de gas desde la península de Yucatán.
La pregunta es si estas iniciativas podrán mitigar el éxodo y atender las causas profundas de la migración.
Además de su rol en la región, México ha realizado su primera deportación masiva transcontinental en la historia: deportó a 311 personas a la India por no contar con una situación regular en el país.
Es claro que la prioridad del gobierno mexicano en materia migratoria es la deportación y no la protección de derechos de las personas que se quedan en el país debido a los acuerdos regionales de contención de la migración.
Sin importar las medidas de mitigación anunciadas, lo cierto es que un año más tarde del inicio del actual éxodo, las causas que originaron el fenómeno siguen agravándose, y las políticas de control migratorio impuestas por Estados Unidos a México y el norte de Centroamérica han resultado en violaciones de derechos humanos.
Al no atender las causas de la migración, las políticas de detección y expulsión serán ineficaces para contener el flujo de personas que huye desde o transita por el corredor Centroamérica – México – Estados Unidos.
