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Suprema Corte escucha casos de migrantes que usaron datos falsos de seguro social

El número de seguro social permite trabajar en Estados Unidos (FOTO AP ARCHIVO)
En Estados Unidos, el número de seguro social es una cifra personal que acompaña al portador durante toda su vida y lo identifica para buscar empleo

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos determinará si los estados pueden enjuiciar a los inmigrantes que utilizan números falsos del seguro social para obtener empleo o si esta tarea compete únicamente a las autoridades federales.

En Estados Unidos, el número de seguro social es una cifra personal que acompaña al portador durante toda su vida y lo identifica para buscar empleo. Se otorga únicamente a los residentes legales.

Los magistrados de la Corte Suprema escucharon los argumentos.

El caso debatió la anulación de una condena impuesta en el estado de Kansas a tres inmigrantes indocumentados a quienes acusaron de utilizar números de seguro social falsos para obtener trabajo.

Sin embargo, el más alto tribunal de ese estado dictaminó que el gobierno federal tiene competencia exclusiva en materia migratoria.

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La disputa consiste en definir si los estados pueden procesar estos delitos, ya que la información proviene de la planilla federal de autorización laboral, conocida como la I-9.

Sin embargo, la administración Trump y otros 12 estados argumentan que sí se tiene la jurisdicción para encausar ya que los mismos datos aparecen en las plantillas estatales.

El abogado de inmigración de Miami Willy Allen dice que aunque estén usando la plantilla estatal para verificar la información de trabajo, el estado de Kansas no tiene derecho para determinar quién puede trabajar.

Para la corte estatal de apelaciones de Kansas la sentencia afectaría la capacidad del estado de combatir el robo de identidad y les otorgaría inmunidad a los inmigrantes indocumentados a pesar de violar estatutos criminales que se aplican a todos.

En caso de que la Corte Suprema revoque la decisión del tribunal de Kansas, todos los estados podrían procesar a quienes hayan recurrido a esta práctica.

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