Proyecto de ley en California cerraría prisiones que albergan indocumentados Proyecto de ley en California cerraría prisiones que albergan indocumentados
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Proyecto de ley en California cerraría prisiones que albergan indocumentados
Conexión Migrante | 10 octubre, 2019
Proyecto de ley en California cerraría prisiones que albergan indocumentados

Foto: captura de pantalla de un video en youtube del Centro de detención de Adelanto.

El Proyecto de Ley (AB 32) del gobernador de California, Gavin Newsom, podría poner fin al uso de prisiones privadas en todo el estado, incluidas las que albergan indocumentados

El Proyecto de Ley (AB 32) propuesto por el gobernador de California, Gavin Newsom, pondría fin al uso de prisiones privadas en todo el estado, incluidas las que se contraen directamente con el gobierno federal para albergar a migrantes indocumentados.

De aprobarse la medida se cerrarían cuatro centros de detención en todo el estado, incluido el Centro de Procesamiento de ICE de la ciudad de Adelanto.

La AB 32 eliminaría los nuevos contratos con centros penitenciarios privados a partir del 2020 y para el 2028 el uso de prisiones privadas se eliminaría por completo.

El proyecto de ley también prohibiría a los funcionarios de prisiones estatales de California contratar instalaciones fuera del estado.

Newsom tiene hasta el 13 de octubre para firmar o vetar el proyecto de ley.

La legislación originalmente prohibía solo los contratos entre el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California con las cárceles con fines de lucro, pero en junio se modificó para incluir todas las instalaciones privadas, incluidas las utilizadas por ICE para detener a migrantes indocumentados.

En enero, Newsom insinuó que podría estar a favor de apoyar dicho proyecto de ley, al mencionar que California debería “poner fin a la indignación de las prisiones privadas de una vez por todas”.

La ciudad de Adelanto firmó un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 2011 para detener a migrantes en las instalaciones, que Adelanto vendió a Geo Group Inc. el año anterior por 28 millones de dólares.

Posteriormente, Adelanto subcontrató las operaciones de la prisión a Geo Group Inc., un requisito previo para completar la venta de la prisión, explicó el ex administrador de la ciudad Jim Hart.

En marzo, Adelanto anunció que terminaría su participación en el acuerdo que le valió a la ciudad alrededor de 1 millón de dólares en ingresos por año. Como parte del acuerdo, la ciudad acordó retirarse del convenio a cambio de retener el flujo de ingresos.

El Proyecto privaría las arcas de la ciudad de millones de dólares

Cerrar las instalaciones de Adelanto sería un duró golpe financiero para la ciudad, ya que tiene un pronóstico de déficit presupuestario de 6.3 millones de dólares para este año fiscal.

La ciudad de Adelanto envió un mensaje a la oficina de Gavin Newsom sobre que el Proyecto de Ley 32 (AB32) privaría a las arcas de la ciudad de hasta 1 millón de dólares al año en pagos directos del propietario de la instalación, Geo Group, y de 600 mil dólares en impuestos a la propiedad de la prisión en expansión, Rancho Road.

La administradora de la ciudad de Adelanto, Jessie Flores, dijo que la pérdida de casi 1.6 millones de dólares en ingresos podría aumentar las posibilidades de que la ciudad se desincorpore y regrese al control del condado.

“Teniendo en cuenta que la ciudad se enfrenta actualmente a un déficit estructural de 6 millones, este proyecto de ley pondrá las posibilidades de que la ciudad cierre la brecha simplemente fuera de su alcance”, escribió Flores en una carta dirigida a Newsom. “Esto probablemente resultará en que la ciudad se vea obligada a perseguir la desincorporación”.

En el escrito, Flores argumentó que que el cierre de la prisión sería un golpe financiero para la economía del Alto Desierto en su conjunto.

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Geo Group escribió la carta a nombre de Jessie Flores

El Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto, también conocido como Centro de Detención de Adelanto, emplea a 760 personas, muchas de las cuales son residentes locales, y proporciona a la región un beneficio económico estimado de 38 millones de dólares, informó Flores.

“El proyecto de ley eliminará este estímulo de las economías locales de Victorville, Hesperia y Adelanto (…) lo que afectará negativamente a las empresas y residentes de la zona”, añadió Flores.

La concejal de Adelanto, Stevevonna Evans, comentó al medio Daily Press que Geo Group escribió la carta con el nombre de Flores, la cual fue enviada al gobernador de California. “Recibí un correo electrónico de ellos pidiéndome que firmara la misma carta”, dijo Evans.

“Es parte de sus esfuerzos de cabildeo”, añadió Evans. “Lo han hecho en el pasado”.

Geo Group ha enviado consultas anteriores sobre sus instalaciones de detención contratadas a ICE.

Lori K. Haley, portavoz de ICE, dijo que la agencia no hablaría directamente sobre AB 32, pero ofreció una declaración general.

“Si este proyecto de ley, o cualquier otro proyecto similar, entrara en vigencia, ICE simplemente transferiría a las personas a otra parte a una distancia mayor de su lugar de detención a donde serían detenidas”, dijo Haley, en un comunicado.

El Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto tiene capacidad para  mil 940 detenidos, la mayoría de los centros de detención de migrantes en California.

En junio, ICE firmó un contrato directamente con Geo Group para mantener detenidos de inmigración en el sitio. El contrato de nueve meses, por un valor de hasta 62 millones dólares, no podría renovarse bajo AB 32 una vez que finalice en marzo de 2020.

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