El gobierno de California aprobó el miércoles un proyecto de ley que prohíbe las cárceles privadas que operan en el estado, incluyendo los centros de detención de ICE.
Los últimos años, las compañías privadas de prisiones en California habían tenido un crecimiento considerable a partir del años 2016. Según la Oficina Federal de Estadísticas de Justicia, se encerraron aproximadamente 7 mil californianos en cárceles privadas.
El proyecto de ley busca prohibir que grandes compañías, eliminen el lucro que existe en el encarcelamiento de personas.
Su autor, el asambleísta Rob Bonta, asegura que el proyecto fue modificado los últimos meses, para que se pueda aplicar también a los principales centros de detención de California de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Existen actualmente 4 centros de detención privados en California, dos de ellos están a cargo del Grupo GEO, la compañía privada más grande del país que puede albergar a casi 2 mil personas, solamente en ese estado.
My #AB32 to ban for-profit #privateprisons & private civil detention centers in California just passed the Senate on a strong bipartisan vote! We must fight for humane treatment over Wall Street profits! #EndPrivatePrisons #PeopleNotProfits #CAleg pic.twitter.com/v1QLe64Oa3
— Rob Bonta (@RobBontaCA) September 11, 2019
El proyecto de ley (llamado AB32) aún debe ser firmado por el gobernador Gavin Newsom, quien anteriormente había expresado públicamente su apoyo ante la prohibición de cárceles privadas.
A pesar de que Rob Bonta dice que el proyecto no pretende ir contra el presidente Donald Trump, la ley ha sido elogiada por activistas quienes ven esto como un triunfo ante la lucha contra las políticas anti-migrantes del presidente de EU.
#AB32 has passed the CA Assembly!!! We’re ALMOST THERE YA’LL! Now, we just need @GavinNewsom to choose #CommunityNotCages by signing this bill. We will dance on the ashes of Adelanto, Mesa Verde, and all detention centers on the road to liberation!!! #FreeThemAll pic.twitter.com/yhP63LpK6B
— CA Immigrant Youth (@CIYJA) September 11, 2019
Las empresas de cárceles privadas CoreCivic y GEO Group han gastado cientos de miles de dólares para presionar a la legislatura para que no sea aprobada la Ley AB32, por lo que muchos grupos activistas han mostrado su preocupación antes las acciones de estas empresas.
De hecho esta ley se modificó ya en una ocasión, para que si es aceptada, las cárceles privadas puedan operar hasta el 2028.
La decisión final del gobernador, se dará a conocer en los próximos meses.
