El Congreso realizará una audiencia en las próximas horas acerca de la decisión del gobierno de deportar a migrantes que reciben atención médica o sufren algún accidente.
Una subcomisión del comité de supervisión y reforma de la cámara baja convocó a una audiencia acerca de la decisión del gobierno sobre temas de atención médica, anunciada el 7 de agosto.
Se prevén declaraciones de funcionarios de migración, así como de expertos en atención médica y derecho.
Tres de los declarantes provienen de Massachusetts, donde se ha declarado una fuerte oposición a la medida. Grupos defensores de los derechos civiles en Boston apelaron la decisión ante una corte federal la semana pasada.
El programa de suspensión de deportaciones permite a extranjeros trabajar legalmente y recibir atención médica mientras sus familiares están bajo tratamiento médico por trastornos graves.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración dijo que seguirá estudiando los pedidos de suspensión de deportaciones pendientes al 7 de agosto.
El tema de la carga pública ha sido motivo de críticas contra el gobierno de Donald Trump. A mediados de Agosto, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) anunció los cambios propuestos para elegir a los migrantes que serán “carga pública”, incluyendo a los que reciben atención médica.
Según estos cambios, los migrantes que gozan de ciertos beneficios públicos como formación académica, bienes, atención médica, entre otros; serán considerados carga pública y podrían ser deportados.
A finales de agosto, el caso de un joven que sería deportado debido a que recibió de atención médica por una enfermedad crónica, llamó la atención de los medios y activistas, acusando la política de “inhumana.
Mahsa Khanbabai, abogada de migración dijo que “este es el último cambio que está modificando la vida de los migrantes que obtuvieron permiso para residir legalmente en el país, incluso las misivas llegan en medio del periodo que les dan a los extranjeros para irse”.
