Condados de California demanda la nueva regla de “carga publica” impuesta por Trump
Este martes los condados demandaron la medida, pues alegan que las nuevas reglas perjudican “los sistemas críticos de salud pública y redes de seguridad"
Los condados de San Francisco y Santa Clara, en California, demandaron la nueva regla impuesta por el presidente Donald Trump, la cual permite negar “green cards” o la residencia a aquellos migrantes que han sido beneficiados por recursos o programas públicos, como cupones de alimentos y Medicaid.
Este martes los condados demandaron la medida, pues alegan que las nuevas reglas perjudican “los sistemas críticos de salud pública y redes de seguridad, es arbitrario y caprichoso, no respeta la ley federal y busca usurpar la autoridad del Congreso al derogar administrativamente su antiguo sistema de inmigración basado en la familia”.
De igual manera argumentan que aumentará los riesgos para la salud pública y entra en conflicto con el marco legal legislativo de la ley de inmigración de Estados Unidos.
En busca de una orden judicial temporal en el Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de California, representantes de los condados de San Francisco y Santa Clara presentaron la demanda.
La demanda es la primera que se ha presentado, y podría ser el inicio de muchos desafíos legales a la regla. Pues el Centro Nacional de Leyes de Inmigración de igual manera dijo que demandaría.
Por su parte, la directora ejecutiva del grupo, Marielena Hincapieé, dijo en un comunicado que la regla “tendrá un impacto humanitario grave, lo que obligará a algunas familias a renunciar a una atención médica y nutrición críticas que salvan vidas”.
La nueva medida fue anunciada este lunes y causa que una persona que directamente ha obtenido ciertos beneficios públicos tales como Seguro Social Suplementario (SSI), Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (TANF), Estampillas de Comida (SNAP), Medicaid y ciertos programas de subsidios de vivienda sea inelegible para residencia permanente.
De igual manera determina un protocolo para saber a qué migrante se le aprobará un ajuste de estatus, como la residencia legal permanente o extensión de visa. Entrará en vigencia el 15 de octubre.
Con información de The Hill
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