Las acciones de las autoridades de los tres niveles de gobierno en el tema migratorio no deben, por ningún motivo, afectar la labor de organizaciones y activistas dedicadas a la defensa de migrantes, recordó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
A través de un comunicado, la CNDH recordó que el desacreditar o criminalizar el trabajo de las organizaciones y activistas genera contextos poco propicios para su defensa e incrementa el riesgo en el que operan.
La declaración del organismo se da en el contexto de las nuevas políticas migratorias, a través de las cuales se han desplegado miles de elementos de la Guardia Nacional en todo el país para detener los flujos migratorios.
Sin embargo, tras la implementación de estas nuevas medidas, organizaciones civiles han denunciado criminalización y hostigamiento por parte de las autoridades.
La CNDH dijo que la reciente modificación de políticas en materia de migración incrementó la detención de personas en contexto de migración en distintas ciudades de nuestro país.
“Como consecuencia, también se ha incrementado la labor de las organizaciones y activistas que se dedican a la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes al interceder por ellas, representarlas y acompañarlas en los distintos trámites y procesos relacionados con su estancia o tránsito por México ante autoridades de los tres niveles de gobierno”, detalló la CNDH.
La presencia y acciones decididas de las organizaciones de la sociedad civil contribuyen a la defensa de las personas en contexto de migración y también a la denuncia de las condiciones de inseguridad en las que transitan por México y, en términos generales, al mejoramiento de los procesos que toda autoridad debe acatar para cumplir con las obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Por eso, es necesario que organizaciones y activistas reciban el respaldo total y permanente de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad en su conjunto.
Para la CNDH la mayor actividad ha incrementado la situación de riesgo de los activistas, pues los actos de intimidación y descalificación en su contra derivado de sus actividades buscan deslegitimar la labor de asistencia humanitaria y defensa de los derechos humanos que realizan tanto las casas de migrantes y albergues.
Al mismo tiempo, la organización reconoció que tuvo conocimiento de los actos de intimidación contra organizaciones y albergues en el Estado de Sonora.
“La CNDH permanecerá atenta a la actuación de las autoridades de los tres niveles de gobierno con el fin de que ninguna política vulnere la labor de cientos de colectivos, defensores y casas de migrante y albergues a lo largo y ancho del país, que realizan una importante labor en pro de los derechos humanos de las personas en contexto de migración”, finalizó.
