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ACLU demanda 1 millón de dólares  para migrante deportado, luego de que agentes violaran ley Santuario en California

ACLU denuncia a las autoridades
“Esto constituye una violación de las leyes federales y estatales; en el caso de California, específicamente la Ley de Acta de Valores SB54”,dijo Eva Bitran, la abogada de ACLU.

La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU) presentó una reclamación por 1 millón contra la policía federal y estatal,  de la ciudad de Corona, en California, tras la deportación de un migrante.

El pasado 31 de enero de 2019, Daniel Valenzuela, de 25 años, fue detenido momentos después de dejar a sus hijas en la escuela. El motivo fue porque la policía de Corona lo acusó de ir a una velocidad elevada y, a pesar de que tenía pasaporte y visa, lo entregaron a las autoridades de la Patrulla Fronteriza (CBP).

 Tras lo sucedido, la ACLU pide 1 millón de dólares para Valenzuela, pues su esposa y tres hijas permanecen en Corona.

Los argumentos de ACLU son:

  • Violar la Ley del Santuario de California
  • Las acciones de los oficiales violaron otras leyes (búsqueda ilegal e incautación de la Cuarta Enmienda
  • Falso encarcelamiento
  • Imposición intencional de angustia emocional cuando “lo detuvieron sin causa para levar a cabo una investigación de inmigración”.

“Esto constituye una violación de las leyes federales y estatales; en el caso de California, específicamente la Ley de Acta de Valores SB54”,dijo Eva Bitran, la abogada de ACLU.

“En este caso, la cooperación es muy clara”.

La Ley de Valores de California o SB-54 prohíbe a los agentes preguntar sobre el estatus migratorio de alguien y limita la cooperación entre las autoridades locales de aplicación de la ley y las autoridades federales de inmigración.

Por otro lado, defensores de los derechos de inmigración dicen que no es el único caso en Corona, y que los policías deben estar mejor capacitados para hacer cumplir la Ley del Santuario de California.

Mientras tanto, Emilio Amaya, director ejecutivo del Centro de Servicios Comunitarios de San Bernardino, dijo “este no es un incidente aislado”.

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“Por razones políticas o creencias personales, se encargan de hacer cumplir las leyes de inmigración”, agregó el abogado.

A través de un comunicado, George Johnstone, el jefe de la policía de Corona dijo que el caso de Valenzuela es “un incidente aislado” que condujo a una investigación interna.

El Departamento de Policía de Corona se compromete a brindar un servicio de la más alta calidad a todos los miembros de nuestra comunidad”, dijo Johnstone.

La Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de California en Irvine y dos organizaciones de derechos de los inmigrantes dijo que algunas agencias de aplicación de la ley están violando directamente la polémica ley del santuario del estado y otras la están fallando, siguiendo políticas obsoletas o explotando lagunas legales.

California enfrenta actualmente una demanda de Huntington Beach, en la que la ciudad alega que el Gobierno estatal no puede obligarla a acatar las leyes santuario.

Pero para los defensores como Luis Suárez, de Inland Coaltion for Immigrant Justice, la adhesión a la ley del santuario es crucial: “La consecuencia de que la oficina de la policía violara la ley fue su deportación”.

 

 

 

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