Coalición de Migrantes Mexicanos responde a las medidas migratorias de AMLO y Trump

La Coalición de Migrantes Mexicanos, publicó el día de hoy una carta dirigida al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, luego de que éste anunciara un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos.

En la carta, la Coalición de Migrantes Mexicanos dijo que:

En el marco del nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, diversos colectivos y organizaciones especialistas y defensoras de derechos humanos de las personas migrantes, sujetas de protección internacional y refugiadas, nos hemos sumando a diversos espacios de articulación como lo fue el mecanismo para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, así como a otros espacios convocados por otras Secretarías de Estado que están abordando el tema.

En estos espacios hemos colocado preocupaciones derivadas de la omisión de administraciones pasadas en cuanto a la atención de la migración forzada, el asilo, el desplazamiento interno forzado y la deportación de mexicanos desde Estados Unidos, hechos que afectan de distintas maneras a grupos en situación de vulnerabilidad como son niños, niñas, adolescentes, mujeres, indígenas, población LGBTI, personas adultas mayores y con alguna discapacidad, entre otros.

Nos hemos acercado a estos espacios con propuestas, insumos y poniendo por delante la experiencia que por años hemos adquirido, pero sobre todo con la expectativa de que con el llamado cambio de régimen, sería posible construir de manera conjunta acciones tendientes a garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, retornadas y deportadas, desde los tres niveles de gobierno y desde lo que compete a cada uno de los tres poderes.

Entendemos lo complejo que es abordar la temática migratoria cuando la presión internacional busca tensionar a una acción firme que controle los flujos migratorios que se desplazan por el territorio nacional, pero desde quienes firmamos esta carta no podemos aceptar ni legitimar bajo ninguna circunstancia, que la tranquilidad económica y comercial de nuestro país, se construya por encima de los derechos y la dignidad de las personas en distintos contextos de movilidad humana.

En este sentido, nos preocupa el hecho de que el día de ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores, haya dado a conocer a los medios de comunicación, el despliegue de 6 mil elementos pertenecientes a la Guardia Nacional, para resguardar la Frontera Sur del país, decisión que confirma la titular de la Secretaría de Gobernación y que sustenta debido a la entrada “violenta” de migrantes centroamericanos que “violan la soberanía nacional”.

Lo que las organizaciones hemos observado en terreno es que cientos de personas cruzan la frontera sur de México no en afán de violentar nuestra soberanía, sino con el fin de buscar protección. Ante esto, la respuesta sistemática y sistémica que desde el pasado mes de marzo se ha dado, y que hemos denunciado a través de diversos comunicados e informes, es dejar caminar por horas y kilómetros a las personas, incluyendo un número muy importantes de niños y niñas, así como de mujeres embarazadas, desgastándoles bajo temperaturas de hasta 40 grados centígrados, con limitado acceso a agua y alimentos, sin que puedan ingresar a las comunidades para recibir ayuda, y con atención puntual a ciertas emergencias, para luego acorralarlos con elementos del Instituto Nacional de Migración, policías y militares que les superan en número y no darles otra opción que ser detenidos y trasladados a la Estación Migratoria Siglo XXI, espacio del que saldrán, no con una debida determinación de la protección que necesitan, sino para ser deportados sin identificar riesgos, comprometiendo su integridad física y su vida en el momento de ser regresados a sus lugares de origen. La soberanía nacional de un país no debe, bajo ninguna circunstancia, defenderse a través de estos mecanismos y estas estrategias, que exponen la vida de cientos de personas y que violentan sus derechos humanos.

Creemos que un Estado soberano debiera ser congruente en todo momento, con su discurso y su quehacer político. Si el fin del gobierno mexicano, como lo ha dicho en distintos momentos, es construir y ejecutar una política migratoria respetuosa de los derechos humanos, este es el momento de estar a la altura y hacer la diferencia ante las acciones implementadas en contra de la población migrante por parte de otros Estados de la región.

Asimismo, nos preocupa la persecución que se ha implementado en contra de personas defensoras de los derechos humanos de migrantes y solicitantes de asilo. Todas las personas que hemos estado ocupando un espacio en cada una de las reuniones convocadas por esta Unidad de Política Migratoria y por otras Secretarías, somos y nos reivindicamos como defensoras de derechos humanos, por lo que nos preocupa el riesgo y la criminalización en que se nos ha colocado, sobre todo a quienes están en terreno acompañando y asistiendo a las personas que lo necesitan.

Lamentamos que se construya una imagen de este tipo en contra de nosotros, sin considerar que con este discurso que nos descalifica, alimenta los ánimos xenófobos que ya de por sí se perciben en las localidades en las que trabajamos todo los días y que nos coloca en una situación de grave riesgo. Si las autoridades de un Estado manejan un discurso de este tipo, lo único que se logra es que los habitantes de pueblos y comunidades cercanas a los puntos fronterizos y rutas migratorias, así como personas pertenecientes a grupos delictivos, se sientan empoderados y justificados para realizar cualquier acto de violencia en contra de quienes ellos consideran, porque así lo dicen autoridades y medios, personas que ayudan a cruzar a “indocumentados” violentando la soberanía nacional. No podemos permitirnos como país copiar los discursos que el ejecutivo de Estados Unidos utiliza en contra de personas defensoras, migrantes y solicitantes de asilo, eso es denostar nuestra independencia y autonomía y no reconocer el aporte que hemos realizado en la construcción de la democracia de este país.

Debido a esto, los colectivos y organizaciones aquí presentes y que han firmado el presente comunicado, consideramos que no hay posibilidades de hablar de integración e inclusión, cuando toda la actuación del gobierno apunta a la detención y deportación sin importar derechos y pasando por alto nuestro propio marco jurídico, así como los tratados internacionales de los que, soberanamente, somos parte. Por ello consideramos que el día de hoy no hay condiciones para establecer esta mesa de trabajo. Con ello no queremos decir que no estamos interesados en seguir construyendo, pero sí que necesitamos repensar cómo queremos hacerlo porque por ahora no encontramos congruencia ni sentido con las horas de trabajo que hemos tenido con ustedes y lo que vemos que ocurre en el país, principalmente en las fronteras.