El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eduardo Ferrer MacGregor Poisot, emitió el 28 de mayo una resolución en la que ordena al Estado salvadoreño frenar el trámite de la “Ley especial de justicia transicional y restaurativa para la reconciliación nacional”.
A través de un comunicado, la Corte Interamericana ordenó que El Salvador suspenda el trámite legislativo del proyecto de ley y pidió información adicional acerca de cómo esta norma afectaría los procesos sobre varias masacres ocurridas en 1981, en las que miembros de las Fuerzas Armadas mataron a más de 900 civiles.
En la resolución requiere al Estado que presente un informe a más tardar el 14 de junio de 2019. El organismo internacional advierte que “de ser aprobada en los términos en los que se encuentra planteado actualmente el proyecto, podría ser una ley incompatible con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana”.
El proyecto debe ser reformado puesto que contiene normas inadmisibles que podrían privar de una justicia genuina a miles de víctimas de crímenes atroces.
Este establece penas alternativas para los acusados que confiesen delitos y cuenten la verdad sobre lo ocurrido:
- Suspendería plenamente las penas impuestas a aquellos condenados a 10 años de cárcel o menos.
- Aquellos condenados a penas superiores a 10 años, aun si se trata de crímenes masivos y aberrantes, deberán cumplir sanciones de “trabajo de utilidad pública” por un máximo de 10 años.
El proyecto legislativo de la llamada “Ley especial de justicia transicional y restaurativa para la reconciliación nacional” beneficiaría a militares y guerrilleros implicados en graves violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario, ocurridas durante los 12 años de conflicto armado interno en el país, que concluyó en 1992.
En 2012, la Corte había ordenado que El Salvador realizara una investigación exhaustiva y juzgara a todos “los autores materiales e intelectuales” de estas masacres.
La masacre ocurrió en el caserío El Mozote y en sus alrededores, en la provincia oriental de Morazán, en El Salvador, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981.
La brutal acción fue ejecutada por el Batallón Atlacatl (de fuerzas especiales contrainsurgentes y entrenadas por EE UU), que actuaba bajo el mando del ya fallecido teniente coronel Domingo Monterrosa.
La justificación del Ejército fue que allí existía un campo de entrenamiento de la guerrilla de izquierda que combatía entonces al Estado, el Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional (FMLN), y aún hay militares que sostienen públicamente la validez de ese argumento para la matanza.
Los responsables de estas muertes y desaparecimientos forzosos sean militares o guerrilleros, nunca han sido juzgados en El Salvador, al estar protegidos por una amnistía general promulgada en 1993 por el entonces presidente Alfredo Cristiani, sin embargo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la dejó sin efecto en 2016.
Según testimonios de sobrevivientes, aquello fue un acto peor que “inhumano”, de todos los horrores que ha sufrido El Salvador, la Masacre de El Mozote es el capítulo más terrible
Por otra parte, Nayib Bukele, el joven mandatario de El Salvador, publicó en su cuenta de Twitter: “Se ordena a las Fuerzas Armadas retirar de inmediato el nombre del Coronel Domingo Monterrosa, del Cuartel de la Tercera Brigada de Infantería, en San Miguel”.
“Las leyes de amnistía van en contra del orden jurídico internacional, de la dignidad de las víctimas. Las revictimizan. Son leyes de impunidad. Buscan proteger a sus perpetradores y sus cómplices. Los que la aprueben se convertirán en transgresores”, escribió en Twitter el 14 de mayo.
La decisión suscitó muchas reacciones positivas, pues es un reconocimiento a las víctimas.
