Los migrantes y solicitantes de asilo en México, principalmente las personas detenidas, sufren constantes violaciones a sus derechos humanos, denunció el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT).
En su más reciente análisis sobre las situación de los migrantes y solicitantes de asilo, el CAT identificó que se cometen las siguientes violaciones:
- Detención automática de solicitantes de asilo
- Detención de menores no acompañados con los adultos en las estaciones migratorias aunque no está establecido en la ley
- Tiempos prolongados de la detención
- Hacinamiento y condiciones de precariedad, tanto en infraestructura como en servicios al interior de los centros de detención
Es por eso que el CAT pidió a México revisar:
- La legislación y derogar las normas que exigen
- La detención de personas indocumentadas y solicitantes de asilo
- Utilizar la detención como último recurso y por el periodo más breve posible
- Establecer un plazo legal máximo para la detención
- No detener a niños y a familias con niños
- Garantizar condiciones adecuadas de detención
- Establecer mecanismos eficaces de presentación de quejas
- Investigar los abusos
- Garantizar a las personas detenidas información sobre el derecho a solicitar asilo
- Asegurar la formación adecuada del personal de las estaciones migratorias
- Brindar asistencia jurídica de calidad a migrantes y solicitantes de asilo.
El Comité insistió en la importancia de que se garantice la no devolución a personas que teman ser torturadas y el acceso al procedimiento para el reconocimiento a la condición de refugiado en México.
Dichas observaciones coinciden plenamente con el trabajo de monitoreo y denuncia por parte de organizaciones de la sociedad civil que han insistido en que la detención migratoria es una privación de la libertad y que las condiciones en que ésta se realiza violan los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo.
Los malos tratos, crueles e inhumanos, las condiciones carcelarias que prevalecen en las instalaciones de los centros de detención, y la falta de acceso a la representación legal han sido denunciados por organizaciones de sociedad civil, entre ellos el Grupo impulsor contra la detención Migratoria y la tortura (GIDMT) y el Consejo Cuidadano del Instituto Nacional de Migración.
Es por eso que Alianza Américas reiteró su intención de continuar con su trabajo para dar cumplimiento a las recomendaciones del CAT, que definen elementos centrales que deberán ser parte de la agenda de política migratoria y de refugio, y de derechos humanos para este gobierno.
29 personas puestas en libertad tras detención arbitraria prolongada
Las organizaciones y redes convocantes a la Misión de Observación de Derechos Humanos (MODH) de la Crisis Humanitaria de Refugiados y Migrantes en el Sureste de México denunciamos, el pasado 25 de mayo, que, tras 45 días en detención arbitraria, fueron puestas en libertad 29 personas que se encontraban detenidas en la estancia provisional de Huehuetan, Chiapas.
La estancia es un centro de detención previsto legalmente para ingresos de un máximo de 48 horas, por sus reducidas y precarias condiciones.
El comunicado emitido da cuenta de las condiciones que el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano encontró:
Durante este mes y medio, las personas han permanecido encerradas en dos celdas de cuatro por cuatro metros, una para los hombres y otra para las mujeres, sin salir a la luz del sol ni poder prácticamente caminar. Han sufrido falta de acceso y malas condiciones de agua potable y alimentación, condiciones de higiene infrahumanas, y han tenido que dormir turnándose las colchonetas en el suelo. Las personas liberadas refieren, entre los impactos físicos y psicológicos que han acumulado, dolor de huesos, infecciones urinarias, inflamación en los riñones, dolores de cabeza, y síntomas de ansiedad y depresión, como insomnio, pesadillas, angustia y crisis nerviosas. En el grupo se encontraba una mujer con un embarazo de riesgo, otra persona con la costilla fracturada, otra con epilepsia y otra con artrosis avanzada.
Estas condiciones evidencian lo que reiteradamente sociedad civil ha denunciado sobre los tratos y condiciones inhumanas que prevalecen en los centros de detención de personas migrantes en México. Ante la situación en materia de derechos humanos, redes de organizaciones en México, Estados Unidos, y Centroamérica hemos unido esfuerzos para recorrer la frontera sur de México, de costa a costa, entre el 29 al 31 de mayo, para realizar la Misión de Observación de Derechos Humanos (MODH) de la Crisis Humanitaria de Refugiados y Migrantes en el Sureste de México.
La MODH es convocada por el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, Alianza Américas, el Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura, Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM), la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica (RJM CANA) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).
Solicitantes de asilo en EU esperan en México sin representación jurídica
Alianza Americas lleva más de seis meses realizando talleres de intercambio con albergues, organizaciones de la sociedad civil y organismos humanitarios que están atendiendo a los migrantes y solicitantes de asilo en México.
En desarrollo de este trabajo, tenemos conocimiento de que muchas de las personas solicitantes de asilo en Estados que fueron obligadas a regresar a México no cuentan con representación jurídica, a pesar de sus esfuerzos por ponerse en contacto con organizaciones que trabajan en el área de San Diego, en California. Varias de estas personas informaron que han asistido a audiencias de sus casos, en las que el juez ha decretado la continuación del proceso, sin entender qué sucede en sus casos y sin ser representados por un abogado. La situación es particularmente difícil para las personas que se encuentran en Mexicali.
En Ciudad Juárez, de octubre de 2018 al 17 de mayo de 2019, 14 mil 500 personas han solicitado ser inscritas en las listas para cruzar a Estados Unidos y solicitar asilo, de ellas, 9 mil, 700 ya cruzaron a Estados Unidos, según el Consejo Estatal de Población de Chihuahua, que es la entidad que maneja las listas de quienes pueden cruzar a pedir asilo. Una situación similar ocurre en los demás puntos fronterizos donde son las autoridades mexicanas quienes controlan e implementan el sistema de control de ingreso de solicitantes de asilo a Estados Unidos.
En Ciudad Juárez otros grupos esperan la fecha de su audiencia y hay mayor coordinación entre albergues y organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, el alto volumen de casos pendientes está poniendo a prueba la capacidad de ofrecer representación legal de manera remota. Los Migrant Protection Protocols, o Remain in Mexico, como se conoce respectivamente en EE. UU. y en México a este programa de devolución de los solicitantes de asilo, constituye una grave violación a los derechos al debido proceso de los solicitantes. El Comité contra la Tortura, en la revisión periódica a México, se refirió a esta práctica. En sus observaciones (párrafos 53 y 54) expresó su preocupación en torno a que no existe una institución responsable de la acogida de las personas devueltas a México, y tampoco existe un mecanismo para garantizar que no serán devueltas a su país de origen, y recomendó tomar medidas al respecto. Esta es la primera vez que un órgano de la ONU se pronuncia sobre esta práctica que constituye una violación de los derechos humanos de los solicitantes de asilo. Alianza Americas se pronunció al respecto cuando se anunció esta medida.
Texto Alianza Américas
