El gobernador Jay Inslee firmó la iniciativa el martes. California y Oregon tienen leyes similares.
La medida fue adoptada en una época en que el gobierno del presidente Donald Trump ha tratado de frenar la inmigración mediante el incremento en las detenciones de migrantes e intentando cancelar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
La nueva ley estatal en Washington estipula que las agencias policiales locales tienen totalmente prohibido preguntarle a la gente acerca de su estatus migratorio o lugar de nacimiento, a menos que ello esté vinculado directamente con una investigación penal, y tanto las cárceles locales como las prisiones estatales tienen prohibido cumplir con las detenciones solicitadas por las autoridades federales de inmigración, o notificarles a éstas cuando un inmigrante esté a punto de ser puesto en libertad.
“Nuestras agencias estatales no son agencias policiales de inmigración”, dijo Inslee, un demócrata que se ha postulado para presidente. “No seremos cómplices de los intentos depravados del gobierno de Trump de desbaratar a las familias de inmigrantes y refugiados que trabajan duro”.
Los críticos dicen que las leyes santuario merman la capacidad de la policía para desempeñar su trabajo.
