Defensores de los migrantes expresaron su preocupación ante la nueva negativa del gobierno del presidente Donald Trump para compartir información sobre las solicitudes de asilo, pues el no revelar datos afecta la transparencia del proceso.
Tradicionalmente, el Departamento de Justicia (DOJ) compartía los datos con el centro de análisis Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracusa, en Nueva York, sin embargo, recientemente comenzaron limitar el flujo de información.
TRAC es uno de los sitios más importantes de recolección de información de acceso público de todo Estados Unidos y comparte información sobre migración, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el FBI, entre otros.
“Están reteniendo información de hechos que están en el centro del debate, y al que todos deberíamos tener acceso. Estos datos son absolutamente fundamentales para lo que estamos haciendo”, dijo en una entrevista con Efe Susan Logan, co-directora de TRAC.
Según Logan, el DOJ entregaba con regularidad la información solicitada a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA).
A partir de marzo el DOJ decidió retener información específica sobre los solicitantes de asilo político, su argumentó fue que al compartir esa información estarían exponiendo la privacidad de los peticionarios.
Sin embargo, Logan asegura que la información que se comparte es anónima: “No hay manera de identificar a nadie. Esto es solo datos de tipo estadístico, por lo que no puede identificar a una persona a través de los registros”.
Laura A. Lynch, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), califica de “alarmante” la decisión del Gobierno en “un momento en el que ya existe una gran falta de confianza pública en la capacidad del sistema de tribunales de inmigración para emitir decisiones de inmigración justas”.
Entre los datos retenidos por el DOJ están las cifras que indican si la persona ha solicitado o no asilo en un tribunal de inmigración o si ha pedido alguna otra forma de alivio migratorio para evitar la deportación.
Además, están la información de los casos que se cerraron y los que se presentaron recientemente, así como los traslados de casos de una jurisdicción a otra.
Familias migrantes no son prioridad
El pasado 23 de abril, TRAC emitió un comunicado en el que detalló que a pesar de la preocupación que genera el gran el número de familias que llegan a la frontera en busca de asilo, sus casos representan una proporción menor de los nuevos casos que llegan a los Tribunales de Inmigración.
Por ejemplo, durante marzo de 2019, solo el 18.7 % de los nuevos casos que se presentaron involucraron a estas familias. A pesar de esto, el retraso de la corte sigue aumentando y alcanzó un nuevo máximo histórico de 869,013 casos en su expediente activo a fines de marzo.
Desde ese momento la organización dijo que no se dispone de datos completos sobre lo que les sucede a las familias después de ser arrestados en la frontera.
Con información de EFE
