El Estado Mexicano está obligado a brindar protección a niños y niñas migrantes, otorgarles el estatus de refugiados y evitar su deportación; determinó el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región.
A través de una nota informativa, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que juzgado emitió un dictamen que obliga al Gobierno Federal a elaborar un plan institucional para conocer las condiciones de niños y adolescentes que ingresen de manera masiva al país en el futuro.
El fallo se dio gracias al reclamó que integrantes de una organización civil realizó a autoridades que forman parte del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
En el documento, la corte mencionó “que las niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos que corresponden a todas las personas aunque los ejercen diferenciadamente conforme a su situación particular; además, tienen derechos de protección especial que son necesarios para salvaguardar su integridad personal, compensar su condición de inmadurez e inexperiencia connatural a su menor desarrollo físico y emocional y remediar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran”.
“Tales derechos de protección especial, a su vez, imponen a las autoridades, a la familia, a la comunidad y a la sociedad un conjunto de obligaciones que se traducen en la necesidad de atender al interés superior de la niñez y de otorgarles cuidados especiales”, añadió el juzgado.
Adicionalmente, la corte determinó contemplar analizó la figura de reconocimiento de la condición de refugiado y de la necesidad de aplicarla para proteger a las niñas, niños y adolescentes que viajan en las caravanas migrantes.
