Por sus contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la aprobación un cuerpo de seguridad dentro de su plantel, los alumnos de la Universidad Johns Hopkins iniciaron una serie de manifestaciones contra su escuela.
El pasado 1 de abril, los legisladores de Baltimore dijeron sí a la creación de una fuerza policial al aprobar el proyecto de ley (SB793).
La respuesta de los estudiantes no se hizo esperar, desde el 4 de abril comenzaron con sus protestas para exigir a la Universidad dejar de renovar sus contratos con ICE y desmilitarizar las instalaciones del centro de estudio.
La fuerza policíaca privada tendrá un área definida alrededor del campus académico de Homewood, el campus médico en el este de Baltimore y el conservatorio del Instituto Peabody en Monte Vernon.
Los estudiantes dijeron sentirse vulnerables por los casos por violencia policial registrados en el estado y pidieron hablar con el presidente de la universidad, Ronald Daniels, para que respondiera a sus demandas.
La universidad emitió un comunicado diciendo que, si bien los estudiantes tienen derecho a protestar y expresar opiniones controvertidas, no tienen el derecho de ocupar edificios, interrumpir eventos y servicios, o poner en peligro la salud y la seguridad de sus miembros. El comunicado de la universidad también dijo que “los estudiantes y los miembros de la comunidad que ocupan el vestíbulo y otros espacios de Garland Hall actualmente están infringiendo estas políticas”.
Hopkins tiene tres contratos con ICE por un total de más de $ 1.7 millones de dólares, todos los cuales expirarán este año.
Los contratos con ICE son principalmente para programas educativos que brindan capacitación médica de emergencia y educación de liderazgo; la comunidad educativa ha pedido a los funcionarios que pongan fin a su relación con la agencia.
El movimiento comenzó el año pasado cuando un grupo recolectó cerca de 2 mil firmas de profesores, personal, estudiantes y ex alumnos, y solicitó a la escuela que pusiera fin a su acuerdo con ICE.
Daniels rechazó previamente las demandas para terminar los contratos y declaró que la universidad está protegiendo la libertad académica.
Con información de The Baltimore Sun
