El gobierno de Donald Trump encontró la forma para que las ciudades llamadas “santuario”, localidades que limitan el acceso al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), puedan obtener información primordial para deportaciones.
En los últimos meses se han reportado denuncias en contra de las autoridades locales, donde se asegura que trabajan directamente para el ICE, proporcionando datos personales que sólo ellos pueden brindarles.
El estado con mayor violencia a la ley “santuario” es California, donde denuncian que la policía local brinda la hora de liberación de los prisioneros y el ICE espera en la parte trasera de la cárcel. Entre otros casos, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), reportó a un detective del condado de Orange que ayudaba a rastrear placas de automóviles.
Otro de los casos más grandes se dio cuando en Bernalillo, los oficiales permitieron que el ICE accediera a cárcel y a sus computadoras, obteniendo datos como direcciones y lugares de nacimiento.
Mediante esta situación, algunos activistas recomiendan consultar a un abogado de inmigración antes de salir de prisión.
Por el momento solo han solicitado la colaboración de activistas y abogados para estar atentos a los operativos y así poder prevenir estos casos.
