Aunque sea difícil de creer, el acuerdo presentado por Donald Trump para reabrir reabrir el Gobierno es el mismo que rechazó en diciembre y que los republicanos, con la excepción de seis en el Senado, rechazaron el jueves 24 de enero; el cual finalmente fue adoptado por unanimidad el viernes 25 en el Congreso, para posteriormente ser firmado por el presidente.
Las cinco semanas que duró el cierre parcial fueron una completa pérdida de tiempo—dado que el acuerdo no incluye fondos para el innecesario e impopular muro de Trump—que además resultó en un golpe de 11 mil millones de dólares a la economía estadounidense, 3 mil millones de dólares de los cuales son irrecuperables. Sobre todo, infligió un dolor innecesario a millones de trabajadores estadounidenses, al igual que a sus familias y comunidades.
El presidente, sin embargo, no ha descartado la opción de continuar insistiendo en los 5.700 millones de dólares para construir el muro aunque sabe que nos llevaría a otro cierre del Gobierno.
Los miembros seleccionados al comité de conferencia ahora tendrán que llegar a un acuerdo sobre la frontera, pero deben asegurarse de que las soluciones se basen en las necesidades a lo largo de la frontera, no en las falsas afirmaciones de inmigración del presidente.
No hay que olvidar que el pueblo estadounidense repudió la retórica antinmigrante de Trump durante las elecciones de medio término, y esperamos que el Congreso le haga caso al pueblo estadounidense y proteja a la comunidad inmigrante.
Los miembros del comité pueden aprovecharse de esta oportunidad para proponer mejoras significativas, basadas en evidencia, a lo largo de la frontera sin causarle más daño a las comunidades inmigrantes y personas que buscan protección humanitaria.
Las mejoras en la frontera incluyen la contratación de más jueces de inmigración para hacer frente a una aplastante acumulación de casos; invertir en tecnología e infraestructura en los puertos de entrada (POEs); exigir exámenes de salud necesarios y atención médica en los POEs y las estaciones de la Patrulla Fronteriza para evitar más muertes de niños; y fondos para abordar las causas a raíz de esta problemática que empuja a los migrantes de América Central.
El Congreso también debe ejercer su poder para controlar esta administración que utiliza regularmente trucos presupuestarios para socavar el llamado “veto del bolsillo” (power of the purse) y amenaza con asaltar ilegalmente otras cuentas del Gobierno para construir un muro de conformidad con una declaración de emergencia.
Es importante destacar que estas inversiones no deben incrementar el presupuesto cada vez más abultado del DHS—en particular, para camas de detención adicionales o para aumentar el número de agentes de la Patrulla Fronteriza u oficiales de ICE. Y mientras que los beneficiarios de DACA y Estatus de Protección Temporal (TPS) no pueden ser tratados como rehenes para ser intercambiados por una serie de medidas antiinmigrantes, los conferencistas, sin embargo, deben tener en cuenta que cientos de miles de beneficiarios de DACA y TPS permanecen en el limbo por las acciones de la administración y necesitan protecciones permanentes.
Si el Congreso puede establecer estas reglas razonables para las negociaciones del comité de conferencia y áreas para una inversión significativa—sin dañar a las comunidades inmigrantes y codificar los costos de las políticas antinmigrantes de Trump—esto será una victoria para el país.
-Rafael Medina es el Senior Media Coordinator para el Center for American Progress.
