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2018, un año marcado por la lucha contra los migrantes… indocumentados o no
Conexión Migrante | 24 de diciembre
Trump VOA

Foto: Voz de América / REUTERS

Este 2018 fue marcado por la constante agresión del presidente Trump contra los migrantes; regulares o no, el presidente se ha empeñado en expulsarlos de EU

Este 2018 fue un año marcado por la lucha entre los defensores de los derechos de los migrantes y el presidente Donald Trump, quien en su segundo año de gobierno no dio tregua a ningún extranjero e inició batallas en diferentes frentes legales contra todo migrante, fuese indocumentado o naturalizado.

Nada más iniciar el año, Trump dio un ultimátum a los legisladores demócratas al decir que no habría una solución para la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en caso que no otorgaran fondos para el muro.

Sin embargo, el magnate no esperó que un par de días después (específicamente el 10 de enero) el juez William Alsup emitiera un fallo que permitía la reactivación de forma parcial del programa, al cual se le sumaron otros jueces en los siguientes meses.

Cabe destacar que durante enero de 2018 se dio el primer cierre de gobierno del año por la falta de consenso en el Congreso para asignar fondos para la construcción del muro fronterizo, situación que  se repite casi un año después.

Y a dos años de haber iniciado su mandato Trump no ha dado ningún paso de importancia para realizar su principal promesa de campaña.

Para evitar que el Senado o la Cámara de Representantes frenaran sus políticas contra la migración, Trump decidió modificar las políticas y protocolos de operaciones de diferentes agencias gubernamentales.

Muchas de estas políticas buscarían mitigar la migración a través del miedo.

Uno de estos casos fue la política tolerancia cero, una de las más criticadas e inhumanas del actual gobierno, que consistió en separar a padres e hijos migrantes nada más cruzar la frontera.

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Afortunadamente, un juez obligó al gobierno a dar marcha atrás con la medida y comenzar a reunir a los 2 mil 667 pequeños separados de sus familias.

Tras este fracaso legislativo y ante la imposibilidad de levantar el muro, el Gobierno ordenó en abril el despliegue de la Guardia Nacional en el sur del país para salvaguardar la frontera.

Esta medida se encontró con la oposición de varias Administraciones estatales, que son las que en última instancia deben solicitar -y financiar- el despliegue de los reservistas, con lo que Trump volvió a sufrir un nuevo revés en su política migratorio.

Harto, quizá, de las trabas y molesto por el avance de varias caravanas de migrantes procedentes de Centroamérica a escasos días de la celebración de las elecciones legislativas del 6 de noviembre, el presidente ordenó en octubre el despliegue de más de 5 mil soldados a lo largo de la frontera con México.

Ante el revuelo causado por esa decisión y por las palabras de Trump, quien insinuó que las tropas podrían abrir fuego en caso de ser atacadas con piedras, el Pentágono salió al paso para aclarar que su única misión era prestar apoyo logístico al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Debido a la gran presencia de migrantes en la frontera sur, Trump lanzó una orden ejecutiva para prohibir que los migrantes que ingresaran al país sin autorización pudieran solicitar asilo.

El plan del presidente era simple, forzar a los migrantes a solicitar asilo en Estados Unidos a presentar su caso en los puestos aduaneros (esto debido a que a diario cientos de migrantes cruzan la frontera para posteriormente entregarse a las autoridades y solicitar asilo, evitando así hacer una fila en las garitas fronterizas).

Una vez más, los tribunales reaccionaron y bloquearon la medida.

Lamentablemente, las acciones presidenciales no pararon ahí, ya que el presidente modificó los reglamentos internos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para endurecer los requisitos de naturalización de los migrantes o retirarles su estatus.

Entre estas políticas se pueden encontrar ejemplos como el castigar a los migrantes que sean una carga pública, la revisión de los casos de naturalización “sospechosos” o el conceder a los agentes de la agencia para usar su criterio de forma parcial en los casos migratorios.

Aunque las repercusiones de estas medidas aún no se dejan ver en su totalidad, el presidente perdió gran parte de su poder durante las elecciones de término medio, pues el electorado regresó la Cámara de Representantes a los demócrata.

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