El gobierno del presidente Donald Trump dijo el martes que apelaría la orden de un juez que prohíbe imponer una prohibición de asilo para cualquier inmigrante que cruce ilegalmente la frontera entre EE.UU. y México, luego de que el ataque del presidente al juez provocara una reproche poco común del principal juez de la nación.
El Departamento de Justicia presentó un documento el martes diciendo que apelará la orden ante el Noveno Tribunal de Circuito de Apelaciones de EE.UU. También le pidió al juez que suspendiera su orden en espera de la apelación.
Trump criticó al Noveno Circuito la semana pasada por considerarlo parcializado y desestimó al juez que dictaminó en su contra, designado por su antecesor, como “juez de Obama”.
El presidente del tribunal, John Roberts, respondió con una declaración de que el poder judicial federal no tiene “jueces de Obama o jueces de Trump, jueces de Bush o jueces de Clinton”. Fue la primera vez que Roberts ha hecho una crítica aunque indirecta al presidente, ya que los jueces generalmente evitan hacer declaraciones públicas sobre política.
Roberts y el resto de la Corte Suprema pueden terminar decidiendo el caso de asilo. El Noveno Circuito, considerado de inclinación liberal, ya ha fallado en contra de Trump en varios casos importantes de inmigración.
El juez de distrito Jon S. Tigar en San Francisco emitió una orden de restricción temporal el 19 de noviembre contra la proclamación del 9 de noviembre de Trump que prohibía automáticamente pedir asilo a cualquiera que cruzara la frontera entre Estados Unidos y México entre los puertos oficiales de entrada.
Trump emitió la proclamación en respuesta a las caravanas de migrantes que se acercaban a la frontera que, según él, son una amenaza para la seguridad nacional.
Pero Tigar se puso del lado de grupos legales que demandaron horas después de la proclamación. Los grupos argumentaron que la ley federal dice inequívocamente que los inmigrantes en Estados Unidos pueden solicitar asilo sin importar si ingresaron al país legalmente.
“Cualquiera que sea el alcance de la autoridad del presidente, no puede volver a escribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso ha prohibido expresamente”, dijo el juez en su orden.
En su solicitud de una suspensión el martes, el Departamento de Justicia dijo que la orden de Tigar “daña inmediatamente al gobierno y pone en peligro importantes intereses nacionales”.
Lee Gelernt, abogado de la American Civil Liberties Union, dijo en una declaración que el grupo “se opondrá enérgicamente a la solicitud de suspensión, para que la vida de las personas no corra peligro”.
Al emitir la proclamación, Trump invocó los mismos poderes de seguridad nacional que utilizó para imponer una prohibición de viajar a los ciudadanos de países con poblaciones mayoritariamente musulmanas.
El Noveno Circuito dictaminó que el gobierno no podía retener el dinero de las llamadas “ciudades santuario”, finalizar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia para los inmigrantes más jóvenes traídos a Estados Unidos por sus padres o imponer la prohibición de viajar.
En el caso de la prohibición de viajar, la Corte Suprema finalmente revocó la decisión del Noveno Circuito cuando dictaminó que Trump tenía la autoridad para imponerla.
El asilo está destinado a personas que han huido de sus países de origen porque han sufrido persecución o temen ser perseguidos si se les obliga a regresar.
Cruzar la frontera de EE.UU. y México entre los puertos de entrada es un delito federal, pero eso no suele impedir que alguien solicite asilo. Tigar señaló que la ley federal dice que alguien puede buscar asilo si ha llegado a Estados Unidos, “ya sea o no en un puerto designado de entrada”.
Según las estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional, alrededor de 70,000 personas al año solicitan asilo después de cruzar ilegalmente. DHS alega que muchas de esas personas hacen afirmaciones falsas y aprovechan las lagunas en el sistema.
Mientras tanto, al menos 3,000 personas han llegado a Tijuana, México, a través de la frontera desde San Diego, California, con la esperanza de solicitar asilo en un puerto de entrada allí. DHS ha dicho que está preparado para que más de 10,000 personas o más lleguen en varias caravanas.
Agentes de Estados Unidos el domingo lanzaron gases lacrimógenos contra cientos de migrantes después de que algunos de ellos intentaron atravesar la cerca que separaba a los dos países.
