NUEVA YORK — “En este país, los perros tienen más derechos que [usted]”. Esas son las palabras que un traficante de Los Ángeles utilizó para deshumanizar a Flor Molina, una inmigrante de Puebla, México, después de encerrarla en una fábrica de costura en enero de 2002.
Casi 17 años después de su escape, la historia de Molina es la de sobrevivencia y superación de grandes obstáculos para convertirse en una defensora de las víctimas del tráfico laboral. Esta historia también subraya las vulnerabilidades que los inmigrantes siguen enfrentando en 2018.
Durante el fin de semana, Free the Slaves, una organización de defensa dedicada a la erradicación del tráfico mundial, honró a Molina en la ciudad de Nueva York con el Premio Fashion for Freedom 2018, un tributo a su defensa de las víctimas del tráfico laboral y al “movimiento de consumo consciente” en la industria de la moda ética, según Allie Gardner, gerente de proyectos especiales de Free the Slaves.
En una entrevista con la Voz de América, Molina dijo que el premio fue una oportunidad para honrar a otros sobrevivientes que “no pueden hablar”.
“Yo puedo hablar, entonces estoy aquí representándolos”, dijo.
Encerrada en la fábrica
En ese primer invierno de California, Molina sufrió abusos verbales y físicos a manos de su “jefa”, una mujer que describió a VOA como vieja y manipuladora. La “jefa” la obligó a trabajar para que ella le pagara de regreso por el contrabando a Estados Unidos de la entonces mujer de 26 años.
En la primera semana de labores de Molina, su traficante decidió que encargarse del transporte y el alojamiento le estaba quitando tiempo, y que sería mejor si ella dormía en la fábrica. No había ducha allí, y a Molina se le negó un cambio de ropa. También se le prohibió aventurar afuera o hablar con alguien más en el edificio.
“Con el tráfico humano, te quitan lo que te hace sentir bien”, dijo Molina, describiendo su experiencia. “Ella comenzó a jalar mi cabello, pellizcándome, abofetearme, haciéndome sentir mal sobre mi origen todo el tiempo. Haciéndome sentir que no tengo ningún valor”.
Desorientada y humillada, las primeras semanas de Molina en la presunta “tierra de los libres” consistían de una comida por día, turnos de más de 18 horas y cero comunicación con su familia en casa. Encima de un colchón compartido en una pequeña sala de almacenamiento, ella dormía junto a vestidos finamente diseñados que valían aparentemente más que su dignidad.
“Lo que [la experiencia de Molina] nos recuerda es que la esclavitud no es algo allá. Es algo aquí “, comentó Maurice Middleberg, director ejecutivo de Free the Slaves.
“Mientras exista en cualquier lugar, corremos el riesgo de tener al esclavo al lado, el esclavo que nos está sirviendo, el esclavo que está trabajando para nosotros. Y no creo que ningún estadounidense decente quiera ser parte de eso”, dijo Middleberg.
De sobreviviente a defensora
Antes de que ella alguna vez se fuera de México, Molina sufría de depresión, debido a la muerte de su hijo recién nacido después de un embarazo de alto riesgo. Incapaz de pagar los gastos de hospital, determinó que encontraría la manera de cuidar a su madre y a sus otros tres hijos. Ella fue atraída a una “oportunidad”, pensó, que la ayudaría a cumplir su sueño de ser dueña de un negocio de costura.
Pero al principio, ella le entregó sus documentos de identificación a la traficante, “por [su] seguridad”. Cuando las condiciones empeoraron en la fábrica, la traficante le advirtió que nadie creería su historia. Después de todo, ella era una hispanoparlante indocumentada, y no conocía a nadie fuera de la fábrica.
Después de pedir incesantemente permiso para asistir a la iglesia, combinado con gestos laboriosos para demostrar que “se merecía” la oportunidad, a Molina se le permitió ir, y nunca volvería.
Tras su fuga, Molina cooperó con las autoridades federales que ya estaban investigando la fábrica de prendas de vestir. Le permitieron permanecer en Estados Unidos bajo una visa T otorgada a ciertas víctimas de la trata de personas y miembros de la familia que reúnen los requisitos.
Se involucró con la Coalición para abolir la esclavitud y la trata de personas (CAST) con sede en Los Ángeles, y testificó en nombre de dos proyectos de ley separados: la Ley de Protección de Víctimas de Tráfico de California (AB 22), que convirtió el tráfico en un delito en California en 2005; y la Ley de Transparencia en Cadenas de Suministro de California de 2010 (SB 659), que exigía que los grandes minoristas y fabricantes revelaran sus esfuerzos “para erradicar la esclavitud y la trata de personas de sus cadenas de suministro directo”.
“Nosotros, como consumidores, tenemos una mayor responsabilidad porque somos nosotros los que pagamos los bienes”, dijo Molina. “Tenemos que asegurarnos de que no haya esclavitud en la cadena de suministro”.
En 2015, el ex presidente Barack Obama nombró a Molina para el Consejo Asesor de Estados Unidos sobre Tráfico Humano. Sus esfuerzos continúan hoy.
En EE.UU., se estima que 403.000 personas continúan viviendo en la esclavitud moderna, o 1.3 de cada 1.000 personas, según un informe de 2018 del Global Slavery Index. En todo el mundo, se estima que 24.9 de 40.3 millones de personas que viven en esclavitud moderna son víctimas de trabajo forzado.
“Es el más empobrecido, el más estigmatizado y el más marginado, la gente que está en mayor riesgo, que los traficantes luego explotan”, dijo Middleberg.
“Ese es ciertamente el caso aquí en Estados Unidos con inmigrantes indocumentados en este momento”, agregó. “Merecen una protección especial”.
