El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos junto con la Patrulla Fronteriza implementarán en agosto un nuevo sistema tecnológico de reconocimiento facial para crear una base de datos del tráfico en la frontera con México, informaron varios medios de comunicación social de ese país.
El programa, bajo el nombre en inglés de “Vehicle Face System” (VFS), se encuentra aún en fase de desarrollo, por lo que será puesto a prueba desde el próximo agosto, durante un año, en el puerto de entrada fronterizo de Anzalduas, en el sur de Texas, de acuerdo con un reporte de la agencia EFE.
La razón del período experimental es asegurar el “total cumplimiento” con las políticas de seguridad y privacidad personal del Registro Federal de Estados Unidos. “El proyecto VFS pretende evaluar la captura de la biometría facial de los viajeros que ingresan y salen del país, para comparar esas imágenes con las fotos archivadas en propiedad del gobierno”, explicó un portavoz de las autoridades migratorias al medio tecnológico The Verge.
A continuación, esas fotografías se cotejaran al instante con los pasaportes, visados y registros penales que ya se encuentran en la base de datos de las autoridades migratorias, expuso la agencia de noticias española.
La ciencia aplicada para ello se basa en cámaras con sensores “plenoptic”, capaces de capturar con nitidez imágenes múltiples a diferentes distancias focales.
El nuevo sistema corrige los anteriores métodos de reconocimiento facial que a menudo confundían los reflejos del automóvil, empeorando la calidad de la imagen.
La controversia sobre este desarrollo tecnológico llega por la “invasión a la intimidad” que reclaman diversas asociaciones civiles que no están de acuerdo con la recolección “masiva de datos”. Este registro proporciona al gobierno un informe detallado sobre rutinas diarias de las personas que cruzan la frontera como, por ejemplo, “la hora a la que van o vuelven del trabajo o a la que recogen a los niños de la escuela”.
La organización de defensa de los derechos humanos “The Center for Media Justice” considera que la posesión de esta información es una “violación absoluta” de la democracia.
