La producción de la “ilegalidad” a través las leyes migratorias, sumado al discurso antimigrante empleado por los políticos de Estados Unidos, permiten obtener beneficios de la fuerza de trabajo de los migrantes que no tienen acceso a una estancia legal en aquella nación, asegura la investigadora Alejandra Aquino Moreschi.
La integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Pacífico Sur apunta que los migrantes en el país vecino del norte tienen una funcionalidad para ese sistema, ya que al ser ilegalizados se convierten en mano de obra explotable, disciplinada y sin derechos laborales.
“Si bien el objetivo explícito de las leyes migratorias es impedir que personas en situación irregular se establezcan sobre determinado territorio, para lo cual se sirven de la deportación, en realidad, no buscan expulsar a todos del territorio, lo que quieren es mantenerlos en una situación de control, disciplina, exclusión de derechos y vulnerabilidad, porque esto les permite la explotación de su mano de obra”, advierte.
A través de su investigación etnográfica Viviendo en los márgenes: producción y funcionalidad de la irregularidad migratoria, efectuada en Los Ángeles, California y Biloxi, Misisipi, la doctora en sociología por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de Francia pudo analizar el impacto de las leyes migratorias y de un discurso antimigrante sobre las trayectorias biográficas y la vida cotidiana de jóvenes indígenas.
Los señalamientos contra la comunidad latina en el sentido de representar una “amenaza cultural” para EU, señala, tienen el objeto de estigmatizar a la comunidad migrante y legitimar los malos tratos y la violación de sus derechos laborales y humanos, sostiene.
El miedo
La ilegalización de los migrantes no solo provoca una situación de precariedad y de ausencia de derechos, denuncia Aquino Moreschi, también tiene efectos en las subjetividades, por ejemplo, produce emociones como el miedo y la preocupación por no tener papeles y por sobrevivir en un contexto desconocido y hostil.
“Cuando no se cuenta con documentos, incluso las actividades más sencillas y cotidianas como ir a comprar alimentos al supermercado o ir a la lavandería se vuelven complicadas. Aunque con el tiempo las personas migrantes logran un conocimiento profundo del funcionamiento del sistema y crean estrategias para disminuir el riesgo de una deportación, muchas veces el miedo se les ‘mete’ en el cuerpo y es algo con lo que tendrán que vivir”, afirma.
La situación, recalca, se vuelve más compleja cuando de por medio se encuentra la familia, puesto que lo más preocupante en caso de una deportación es que los separen de sus hijos para siempre y que estos sean ubicados con familias adoptivas.
La integrante nivel II del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) encontró a lo largo de sus estudios efectuados entre 2007 y 2010 en Estados Unidos con jóvenes indígenas, que la principal estrategia de la cual se valen muchos de estos grupos para gestionar el miedo a la deportación es el “encierro” en el ámbito privado.
“Tratan de reducir al mínimo su presencia en los espacios públicos, de hecho, el encierro es uno de los elementos constitutivos de la condición del ‘indocumentado’. Y se aplica con más o menos intensidad en función del tipo de ciudad en que se encuentren, en lugares como Los Ángeles, California, donde la mayor parte de la población es ‘latina’, las personas irregularizadas pueden disfrutar con bastante tranquilidad del espacio público, lo que no es posible en lugares como Biloxi”, explica.
Las cifras
De acuerdo con el estudio El flujo migratorio internacional de México hacia los Estados Unidos y la captación interna de remesas familiares 2000-2015, efectuado por la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, México fue en 2013 el mayor expulsor de migrantes en el mundo con 13.20 millones, antecedido por India con 14.20 millones.
El Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM) calcula que en la Unión Americana habitan alrededor de dos millones de paisanos, mientras que la población en la entidad alcanza los tres millones 200 mil.
La investigadora del CIESAS considera que la migración masiva de los jóvenes indígenas rumbo a Estados Unidos constituye un desafío central para nuestro país, ya que pone en cuestionamiento su incapacidad para incluir a este sector poblacional, pero además el endurecimiento del discurso antiinmigrante es también una señal de alerta.
Por Flor Hernández | Agencia Informativa Conacyt