Este martes, la secretaria de Educación, Betsy DeVos, causó revuelo al declarar que depende de cada escuela el llamar o no al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para reportar a sus estudiantes que son indocumentados.
Sus palabras, dichas durante su audiencia ante un comité de educación de la Cámara de Representantes, fueron parte de su respuesta al legislador Demócrata por Nueva York, Adriano Espaillat, quien la cuestionó por los múltiples casos de padres arrestados afuera de las escuelas.
Del mismo modo, DeVos añadió que esa es una decisión que se toma como comunidad local, “este es un país de leyes, pero también uno compasivo”dijo.
Durante su comparecencia, DeVos que la Corte Suprema dictaminó que el gobierno debe proporcionar los fondos necesarios para la educación de los estudiantes indocumentados en las escuelas primarias y secundarias.
“Tenemos niños indocumentados en las escuelas (desde el Kinder) hasta el grado 12 que apoyamos y les damos educación a diario”, señaló DeVos.
Por su parte, grupos de derechos civiles criticaron los comentarios de la funcionaria, pues señalaron que estos van en contra del fallo de la Suprema Corte de 1982, que garantizaba los derechos de los estudiantes a recibir educación pública independientemente de su estatus migratorio.
En tanto, Lorella Praeli, directora de políticas de inmigración y campañas de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), dijo que cualquier escuela que denuncie a un niño a ICE violaría la Constitución.
Mientras que Kristen Clarke, presidenta y directora ejecutiva del Comité de Abogados por los Derechos Civiles Under Law, dijo que los comentarios de DeVos “podrían tener un efecto desalentador en las familias que buscan asistir e inscribirse en nuestras escuelas públicas e invitar a las escuelas de todo el país”.
Las activistas ahondaron en que sugerir a las escuelas tomar este tipo de decisiones discrecionalmente van en contra de lo establecido por la Suprema Corte.
