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18 de abril de 2024 | Dolar:$17.06

Indocumentados en prisión denuncian ser víctimas de explotación laboral

Un grupo de migrantes recluidos en un centro de detención presentaron una demanda colectiva por explotación laboral contra la empresa CoreCivic.

Cansados de los constantes abusos por parte de autoridades carcelarias, un grupo de migrantes recluidos en un centro de detención en San Diego, California, presentaron una demanda colectiva por explotación laboral contra la empresa CoreCivic.

La acusación, presentada  la semana pasada en la corte federal del distrito sur de California  señala que CoreCivic, compañía encargada de administrar centro de detención de indocumentados en Otay Mesa, se aprovecha de la “fuerza laboral gratuita o casi gratuita” para realizar servicios que aumentan sus ganancias.

De acuerdo con el diario San Diego Union-Tribune, la compañía pagaría entre 1 millón y millón y medio de dólares al día, en algunas ocasiones no pagaría nada, para que los indocumentados den mantenimiento y operen las instalaciones.

Además, los demandantes denuncian la empresa ni siquiera da productos de higiene personal básica como jabón a los detenidos, ellos deben comprarlos con sus salarios.

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Incluso algunos miembros del personal amenazan a los migrantes con ponerlos en confinamiento o prohibirles las visitas si se niegan a realizar sus trabajos.

Por su parte, CoreCivic se ha abstenido de hacer comentarios, aludiendo a que se trata de un litigio pendiente, e incluso dijo al periódico que no ha sido citada sobre el caso.

A pesar de que el centro alberga a detenidos bajo la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia no está involucrada en la demanda.

Los cinco inmigrantes que presentaron la demanda colectiva, e origen mexicano y centroamericano, llegaron a la frontera con Estados Unidos en los últimos meses en busca de asilo político.

Múltiples casos

Cabe destacar que CoreCivic –que administra 91 centros penitenciarios en EU– no es la única compañía demandada. También se iniciaron acciones legales contra empresas que operan cárceles de ICE en los estados de Colorado y Washington, y una administrada por GEO Group, la cárcel de Adelanto, en el condado de San Bernardino, California.

Con información de agencias

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