Las medidas antimigrantes implementadas por presidente Donald Trump cada vez enfrentan a más opositores, ya que más 30 fiscales y jefes de policía decidieron respaldar al fiscal general de California, Xavier Becerra, quien interpuso una demanda judicial contra la Administración federal por su amenaza de retener fondos a las ciudades santuario.
Los 35 administradores de justicia pertenecen a más de veinte jurisdicciones del país, que representan a casi 30 millones de personas, presentaron hoy ante una corte de San Francisco un escrito como “Amicus Curiae”, una forma legal en la que un tercero puede dar su opinión en un litigio.
Y es que el pasado mes agosto, el estado de California demandó a la administración de Trump por amenazar de retener fondos a las “ciudades santuario”, aquellas que decidieron no colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la persecución de indocumentados.
“Este apoyo a Becerra es muy importante, porque muestra los puntos negativos de la política de Trump en las comunidades, y como estaría poniendo en riesgo la seguridad de esas comunidades al atacar a las ciudades santuario”, explicó a Efe Mark Silverman, miembro del Centro de Recursos Legales para los Inmigrantes (ILRC)
La fiscal del distrito de Denver, Beth McCann aseguró que el sistema de justicia penal funciona mejor cuando todos los miembros de la comunidad trabajan juntos en un proceso basado en la cooperación y la confianza
Además de fiscales de condados y ciudades de California, diversas autoridades de estados como Utah, Colorado, Texas, Illinois, Maryland, Massachusetts, Pensilvania, Florida y Washington dieron sus opiniones favorables a la querella legal.
El día de ayer, Becerra criticó duramente a la administración de Trump, a la que criticó por carecer de transparencia y por abuso de poder, a la vez que defendió que los inmigrantes “son quienes revitalizan el sueño americano”.
