Donald Trump se metió en un nuevo proceso legal tras anunciar la suspensión de los subsidios otorgados a las aseguradoras de cobertura sanitaria amparados en Obamacare, ya que las fiscalías de California, Massachusetts, Kentucky y Connecticut anunciaron hoy una demanda conjunta por la decisión del Gobierno de EU.
El anuncio realizado por el presidente la víspera establece que no hay fondos para realizar los pagos de reducción de costes compartidos con las compañías de seguros bajo la actual ley de salud.
Debido a esto Xavier Becerra, fiscal de California, dijo que la acción presidencial anunciada este jueves es un sabotaje al Obamacare.
Becerra añadió que esta decisión supone un gran revés para los mercados del sector y quita dinero a de seis millones de estadounidenses de sus bolsillos.
El anuncio de la acción legal fue hecho conjuntamente con los fiscales generales de Kentucky, Andy Beshear; Massachusetts, Maura Healey y Connecticut, George Jepsen.
Los fiscales detallaron que su acción se relaciona con la promesa de ayudar a las personas con seguro de salud y que la acción presidencial llevará caos al mercado de seguros.
Del mismo modo exhortaron a los congresistas a aprobar una ley que mejore la actual situación. Recordaron que esta medida afecta a las familias trabajadoras, pues subirán las tarifas de seguros.
Externaron que Trump claramente pretende desastabilizar y hacer que explote el Obamacare y confían en que su acción legal genere la suspensión de la decisión presidencial, de modo que se sigan pagando los subsidios federales a las compañías.
Además, los fiscales aseguraron que esperan que otros estados se unan a esta acción legal o presenten sus propias demandas.
Antecedentes
La decisión de poner fin a los subsidios a las aseguradoras de cobertura sanitaria se suma a la orden ejecutiva firmada también este jueves por Trump para relajar algunos de los requisitos de Obamacare y empezar por su cuenta el desmantelamiento del Obamacare.
Las subvenciones, tienen un valor estimado de 7 mil millones de dólares al año y pueden detenerse casi de forma inmediata ya que el Congreso no ha aprobado fondos para el programa.
