La Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU) presentó una demanda colectiva contra el Gobierno de Estados Unidos y varios de sus departamentos, argumentando que usan “vagas evidencias de presunto pandillerismo” para arrancar de sus familias a jóvenes inmigrantes centroamericanos, deteniéndolos para ser deportados.
La demanda, de acuerdo con diversos medios de comunicación estadounidenses, pide a los tribunales el regreso de los jóvenes a la custodia de sus padres y una orden que impida que el Gobierno de Donald Trump siga arrestando adolescentes que supuestamente están protegidos por la ley de Estados Unidos, sin tener verdadera causa para ello.
ACLU alega que el llamado “Operativo Matador”, anunciado por Trump y el DHS hace algunas semanas para perseguir a supuestos pandilleros MS-13, “es parte de la estrategia de este gobierno para detener y deportar a menores que en teoría están protegidos por nuestras leyes, alegando que son pandilleros, cuando no es así”.
“El gobierno había reunido a estos jóvenes con sus familias hace años”, dijo William S. Freeman, abogado de la ACLU del norte de California, donde se presentó la demanda.
“Todos ellos tienen procesos legales pendientes y sueños de vivir en Estados Unidos, pero han caído en las redes de un gobierno para el que es más importante deportar gente, que la justicia y la verdad”, añadió.
Los tres jóvenes mencionados en la demanda tienen 17 años, una edad en la que se supone están protegidos por las leyes y acuerdos judiciales en torno al trato de menores inmigrantes, bajo el Acuerdo Flores, que obliga a entregar a los menores lo antes posible a familiares o detenerlos en refugios y no cárceles.
El Acuerdo Flores –que data de 1997– dice que los menores de edad no podrán ser retenidos por más de 20 días.
El Departamento de Policía del condado de Suffolk, en Nueva York (SCPD), está involucrado en el operativo, así como la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que debe ocuparse de asistir a los menores, pero que “está entregándoselos a ICE con base en alegaciones de pandillerismo que no son verificadas”.
