Albuquerque, Baltimore, San Bernardino y Stockton podrían dejar de recibir el financiamiento federal destinado a la prevención de delitos, otorgado por el Departamento de Justicia, por ser ‘ciudades santuario’ y por negarse a cooperar con las autoridades migratorias.
Esta fue la respuesta de la dependencia después de que San Bernardino solicitó la ayuda federal que proporciona el programa de Asociación para la Seguridad Pública del DOJ, que busca prevenir delitos violentos en las ciudades con altos índices criminales.
El Departamento de Justicia informó en una carta que el fiscal general Jeff Sessions dijo que la ayuda será retenida hasta que dichas ciudades “muestren un compromiso para reducir la delincuencia derivada de la inmigración ilegal”.
“Al proteger a los delincuentes de la aplicación de la ley de inmigración, las ciudades y los estados con políticas llamadas ‘santuarios’ nos hacen menos seguros. Lo vimos la semana pasada, cuando un inmigrante ilegal que había sido deportado veinte veces y que era buscado por las autoridades de inmigración supuestamente agredió sexualmente a una anciana en Portland, una ciudad que se niega a cooperar con la policía de inmigración”, explica el documento.
Las condiciones que pone el departamento para seguir dando el apoyo a estas ciudades santuario son: permitir a las autoridades migratorias el acceso a las cárceles para interrogar a los migrantes y avisar a los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) 48 horas antes de liberarlos.
