Más de 400 organizaciones de ayuda a inmigrantes, religiosas y de derechos civiles mandaron ayer una carta a la Cámara de Representantes de Estados Unidos para pedirles que voten “NO” a las propuestas antiinmigrantes del gobierno de Donald Trump.
De acuerdo con la organización America’s Voice, la iniciativa HR 3003, llamada “No ciudades santuario para delincuentes”, afectará la seguridad pública por el recorte a fondos federales para las policías locales que se nieguen a cooperar con ICE, la cual afectaría a más de 600 jurisdicciones.
La otra iniciativa, la HR 3004, es llamada la Ley de Kate, la cual incrementaría drásticamente los procesos y el tiempo en prisión para inmigrantes con récord criminales que intenten reingresar a Estados Unidos, luego de haber sido deportados.
La carta dice: “La HR3003 quitaría recursos federales muy necesiarios para jurisdicciones estatales y locales, lo que va en contra de la Décima y Cuarta Enmienda, y aumentaría innecesariamente el aparato de detención gubernamental”.
Además, agrega, se penaliza a las jurisdicciones mediante la eliminación de subsdidios federales, incluido financiamiento a través de programas como Cops on the Beat y el de asistencia legal Edward Byrne Memorial, y cualquier otra subvención relacionada a las fuerzas policiales o inmigración.
La HR 3004, por su parte, aumenta “imprudentemente” la capacidad del gobierno para procesar penalmente a inmigrantes por delitos basados en la Ley de Inmigración, y excluye protecciones humanitarias básicas de quienes huyen de la violencia en sus países.
También fortalece el “experimento fallido” de encarcelamiento por violaciones a las leyes de inmigración que incrementó la población carcelaria y costó miles de millones de dólares.
Estas organizaciones se unen a un creciente coro de oposición a estos proyectos de ley, que incluyen la Fraternal Order of Police, el National Immigrant Justice Center, el National Immigration Project de la Asociación Nacional de Abogados, el National Immigration Law Center, ACLU, lServicio Mundial de Iglesias, el National Taskforce to End Sexual and Domestic Violence, la American Immigration Lawyers Association, la organización sindical AFL-CIO, Network Lobby y la Conferencia Episcopal de Estados Unidos.
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