México vive un “alarmante” aumento de casos de tortura a migrantes, denuncian

México vive un “alarmante” aumento de casos de tortura a migrantes, denuncian
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México reporta “un alarmante incremento de denuncias de casos de tortura bajo un contexto de absoluta impunidad y abandono de las víctimas”, denunciaron la Universidad Iberoamericana y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.

Si bien la perpetración de tortura en México afecta a amplios sectores de la población, destacaron la necesidad de poner la mirada en la situación de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas como víctimas de este flagelo, se planteó desde el Programa de Derechos Humanos y el Programa de Asuntos Migratorios de dicha universidad en la Ciudad de México, y la organización civil, con sede en Tapachula, Chiapas.

No debe pasar de largo que muchas personas necesitadas de protección internacional que llegan a México han huido de sus países de origen por haber sido víctimas de tortura, y resulta especialmente preocupante la situación de violencia social y política de carácter estructural que se padece en El Salvador, Guatemala y Honduras, principales países de origen de las personas solicitantes de asilo en México, destacaron.

“Una vez que las personas cruzan la frontera hacia México, son asaltadas, agredidas, violadas, secuestradas y extorsionadas en su camino. Muchas personas violentadas devienen en casos de desaparición forzada o reclutamiento forzoso por parte de grupos criminales. El control fronterizo y migratorio que ejerce el Estado mediante una multitud de cuerpos armados, se realiza en condiciones de abuso del uso de la fuerza. Quienes son capturados y detenidos en estos controles, son posteriormente internados en centros de detención migratoria [denominadas en México ‘estaciones migratorias’] en donde soportan condiciones de privación de libertad carentes de garantías jurídicas, sufren agresiones físicas y psicológicas, aislamiento, falta de atención médica y defensa legal, entre otras muchas violaciones a sus derechos humanos”, planteó la Ibero en un comunicado oficial.

También expuso que estos hechos infringen graves sufrimientos a la persona a nivel físico como psico-emocional, y en muchas ocasiones son causados con la clara intencionalidad de castigar, humillar, hostigar, intimidar, o coaccionar la deportación de las personas migrantes y solicitantes de asilo. También es patente el papel de funcionarios públicos en estos hechos, por acción, omisión y tolerancia.

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“Todos estos elementos permiten tipificar los hechos como casos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Finalmente, estas personas víctimas de tortura, –que a menudo son además solicitantes de asilo, víctimas de trata, niñas, niños o adolescentes, personas LGBTTTI, o pertenecientes a otros grupos en situación especialmente vulnerables– son deportadas y devueltas a la violencia de la que huyeron, en violación del principio de no devolución contemplado tanto en la legislación mexicana como en las Convenciones contra la tortura (Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura así como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes), las cuales son de obligado cumplimiento para el Estado mexicano”.

Por ello, desde el Programa de Derechos Humanos, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y el CDH Fray Matías, exigieron que se tomen de manera urgente las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para hacer efectiva la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Además exhortaron al Gobierno mexicano a que se adopten los mecanismos necesarios para su implementación en la lucha contra la tortura de las personas migrantes y refugiadas en México, y se contemple la atención integral para la rehabilitación de las víctimas. Confiamos también en la intervención del Sistema de Naciones Unidas a través del Comité Contra la Tortura, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, el Relator Especial sobre Tortura y otros órganos, para exigir al Estado mexicano medidas de prevención y no repetición, así como de reparación a las víctimas.