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¿Empieza a revertirse la impunidad política?

Mucho se ha dicho y escrito sobre las causas de la corrupción en México: históricas, antropológicas, económicas, morales o simplemente “culturales”, como una mezcla de todas las anteriores, pero sin que ninguna sea justificante.

A la par del desarrollo de la comunicación digital generalizada y en tiempo real –con los excesos que trae consigo, preferibles al silencio- durante muchos años ha permeado una palabra con la que casi todos coinciden cuando se preguntan por qué han florecido exuberantemente las conductas ilegales en el ejercicio del poder político en México: impunidad.

Porque a pesar de que contemos con un marco legal robusto y un Poder Judicial independiente, el problema viene justamente a la hora de aplicar la ley, y por eso las conductas insanas persisten.

Sin embargo, déjenme abonar a la esperanza de que con estos tiempos modernos que implican un mayor escrutinio sobre el ejercicio de gobierno y, por lo tanto, sobre los recursos públicos, vamos por un mejor camino.

Durante décadas y hasta hace no mucho tiempo era verdaderamente impensable ver a un miembro de la élite política en el banquillo de los acusados.  Y no hablo de los chivos expiatorios que –con razón o sin ella- eran usados como banderas de reivindicación o legitimización de administraciones gubernamentales subsecuentes.

No. No hablo de Díaz Serrano, titular del Pemex que administraba la abundancia, o del mismísimo Raúl Salinas de Gortari, hermano de quien fue un presidente muy poderoso y hasta reformador.  Tampoco del jugador Gustavo Ponce o del “señor de las ligas” René Bejarano, cercanos ambos al otrora Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador.

Me voy más arriba y hablo de exgobernadores, verdaderos virreyes en sus épocas de poder, sobre todo cuando –a raíz de la alternancia presidencial del 2000- dejaron de tener un jefe político en Los Pinos y con ello incrementaron aún más su influencia y voluntad locales.

Insisto, hasta hace poco podemos ver en los medios de comunicación nombres de quienes detentaron el poder en sus entidades federativas y ahora rinden cuentas por sus responsabilidades pasadas.

Y aquí el botón (botones) de muestra.

Actualmente, son cinco los ex gobernadores que están EN LA CARCEL: Mario Villanueva Madrid, de Quintana Roo; Andrés Granier, de Tabasco; Jesús Reyna, de Michoacán, y Flavino Ríos, de Veracruz, así como el Guillermo Padrés, de Sonora.

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Años antes habían sido encarcelados el chiapaneco Pablo Salazar Mendiguchía y el sudcaliforniano Narciso Agúndez, que ahora están nuevamente en libertad.

Otros están sujetos a un proceso penal que enfrentan fuera de prisión: Luis Armando Reynoso, de Aguascalientes, y Rodrigo Medina, de Nuevo León.

Algunos más están simplemente señalados (que no es poca cosa, aunque se escuchen en la plaza pública gritos que claman su encarcelamiento): Roberto Borge, de Quintana Roo y Fidel Herrera, de Veracruz, quien dejó el consulado de Barcelona para venir a defenderse de Miguel Ángel Yunes, según dijo al dejar el cargo, así como Gabino Cué, de Oaxaca.

Y cito a los que, de plano, están prófugos: Tomás Yarrington, de Tamaulipas; Jorge Torres, de Coahuila, Javier Duarte, la “joya de la corona”, de Veracruz, y César Duarte, de Chihuahua, apenas indiciado hace unas horas.

No olvidamos, por supuesto, el caso de Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, quien fue detenido en Madrid acusado de tener relaciones con la delincuencia organizada y posteriormente liberado, o Eugenio Hernández, de Tamaulipas, sujeto a una investigación en Estados Unidos, no en México.

¿Bajo sospecha? Casi todos, incluyendo al autoexiliado Marcelo Ebrard Casaubón, ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

¡Vaya lista!, que me permite diferir con quienes piensan que todo está perdido en cuanto al combate a la corrupción y a la impunidad en nuestra nación.

No es para echar las campanas al vuelo ni para olvidar la vergüenza de tanta reincidencia. Porque repito y les recuerdo: Esto era impensable hace pocos años y está sucediendo. Por algo siempre se empieza.

Como, tarde o temprano, deberá suceder que quien cometa una falta pague por ello, sea quien sea.

De ahí la importancia de que –sin abusar con juicios sumarios y sin sentido ni atribuciones (que corresponden exclusivamente a las instancias judiciales)- nos mantengamos al tanto, informados, y que presionemos razonable pero firmemente para que se documenten los casos de corrupción y se castiguen si éstos son acreditados por un juzgador.

¡Eso no pasa en México! – dirían muchos.

Yo les diría: ¡Está pasando, aunque sea poco a poco y para fortuna de los mexicanos!

Por lo pronto, que sean perseguidos y juzgados el resto de los que tengan que serlo.