El gobierno de Donald Trump está cerrando las pinzas legales para provocar que muchos inmigrantes indocumentados decidan salir del país, sin necesidad de que el gobierno gaste en su deportación.
Emilio Amaya, director ejecutivo de servicios legales del Centro de Servicios Comunitarios de San Bernardino, explica en entrevista con Conexión Migrante que en el fondo buscan hacer la situación tan difícil que los migrantes se vayan por decisión propia.
Una gran parte de la política migratoria de la actual administración, agrega el abogado, es basada en una serie de sugerencias del Centro de Estudios de Inmigración, que básicamente tiene el propósito de aplicar una política de repatriación voluntaria.
“Esto es criminalizar la migración en el país”.
Amaya informa que ya se preparan dos ordenes ejecutivas; la primera que tiene que ver con establecer un proceso para deportar personas que hayan incurrido en abuso de la asistencia pública, y la segunda es la implementación obligatoria de un programa de verificación electrónica de empleo, lo que le cerraría oportunidades laborales a casi 10 millones de personas en Estados Unidos.
La administración de Donald Trump está conciente que es casi imposible abordar un programa de deportaciones masivas porque no se tiene el personal ni los recursos; entonces, la opción es hacerles la vida tan difícil que decidan irse.
LAS GREEN CARDS
La semana pasada, el presidente Donald Trump firmó tres órdenes ejecutivas relacionadas con migración para quitarle recursos federales a las ciudades Santuario, iniciar la construcción del muro en la frontera con México y cancelar todos los programas de refugiados para siete países árabes.
Sin embargo, en las aduanas se inició también la revisión de todos los poseedores de green cards, se checaron antecedentes penales y se prohibió la entrada a quienes tenían más de seis meses fuera.
“La práctica no es nueva. Bajo la ley de Inmigración de Estados Unidos, el ingresar al país -para propósitos legales- es un privilegio, no un derecho”.
En la administración de Barack Obama, se aplicó una política de uso de criterio de la autoridad, así que los oficiales usaban esa regla para determinar si la persona estaba sujeta o no a un trámite de expulsión.
Sin embargo, con Trump se elimina el uso de criterio de la autoridad al Departamento de Seguridad Interna, pues la orden dice que la elegibilidad la establece la ley y elimina esa política.
Por ejemplo, dice el abogado, si una persona tenia un antecedente criminal de hace muchos años, pero en todo el resto del tiempo ha pagado impuestos, tiene un trabajo y está integrado a su comunidad, el oficial podía antes decidir que no estaba sujeto a trámites de deportació; ahora no.
Los oficiales de Inmigración tienen la obligación de revisar y hacer el procedimiento de expulsión, o hacer que la persona acepte que ha incurrido en abandono de residencia, y de manera voluntaria firme la forma 1-407, en la que renuncia a sus residencia y se procede a su expulsión.
Por eso es importante reiterar que las personas en esas situaciones no deben firmar nada, pedir el apoyo de un abogado y solicitar audiencia con un juez de inmigración.
Si un residente legal ingresa al país y el oficial de Inmigración tiene alguna razón para creer que la persona ha dejado de ser admisible, es enviada a inspección secundaria, donde se investigan antecedentes criminales, las huellas dactilares y cualquier otra información.
Se investiga si tiene delitos graves relacionados con drogas, violencia doméstica, robo, y seguridad nacional. Sin embargo, Amaya explica que también se toman en cuenta cuestiones de conducta como drogadicción o alcoholismo
La agresividad con que se está empezando a aplicar es también debido a la confusión. “La orden ejecutiva es de carácter inmediato, pero aún no existen los procedimientos regulatorios que indiquen la manera de aplicarla.
“Hay confusión en oficiales migratorios y en los tribunales”, dijo.
AFECTA A LOS MEXICANOS
Emilio Amaya explica que debido a que México es un país fronterizo, muchos residentes incurren en abandono de residencia. Las personas, por ejemplo, que viven en Tijuana o Mexicali y que sólo cruzan para trabajar.
Las personas que estan en esa situación cada vez que abandonan el país y regresan se ponen en riesgo de ser detectados.
“La recomendación para un residente permanente es que si esa persona sabe que en algún momento cometió un delito o incurrió en algún acto de anbandono, antes de viajar tenga asesoría legal, pero sobre todo haga una evaluación si es necesario viajar y si se tienen los recursos listos para que al regresar no tengan problemas.
Hay que tener claro, dice Amaya, que una vez en Estados Unidos, las personas tienen la protección legal y constitucional que les otorga la Primera, Cuarta y Quinta Enmiendas, que incluyen el derecho al debido proceso.
