En el Día Internacional del Migrante, Médicos Sin Fronteras reclama a las autoridades mexicanas la implementación efectiva de medidas de protección que tengan en cuenta la situación de violencia a la que está expuesta la población que huye de los países centroamericanos y los episodios a los que están expuestos durante su tránsito por México. Esto incluye también la suspensión sistemática de las deportaciones masivas que se realizan sin tener en cuenta la situación individual de la persona y los riesgos para su vida que puede acarrear su devolución al país de origen. Igualmente es fundamental hacer cumplir la legislación para hacer efectivo el acceso real a los servicios de salud, en especial para las víctimas de la violencia en tránsito.
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Hace más de tres años la organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) brinda asistencia médico humanitaria a migrantes y refugiados en su tránsito por México.
Cada año, más de 400 mil personas provenientes en su mayoría de los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica [El Salvador, Honduras y Guatemala] atraviesan el territorio mexicano huyendo de la violencia, la pobreza y amenazas que ejercen las pandillas y los grupos delictivos en su afán de controlar el territorio.
Con motivo del Día Internacional del Migrante, Carla Denti, coordinadora médica de MSF en ese país, cuenta sobre la larga travesía de esta población en busca de una mejor vida, de la violencia a la que se ve expuesta durante el trayecto, así como las barreras que enfrentan migrantes y refugiados para acceder a los servicios de salud en territorio mexicano. En 2014, antes de que fuera puesto en marcha el Plan Frontera Sur, Carla fue la responsable de las actividades médicas del proyecto de atención de Médicos Sin Fronteras.
–En su experiencia en la atención a esta población, ¿cuáles son las principales razones detrás del éxodo masivo de la población centroamericana?
–La violencia generalizada: asesinatos, secuestros, desapariciones, extorsiones, amenazas y el reclutamiento forzado por parte de actores armados no estatales. Algunas ciudades y regiones de El Salvador y Honduras tienen las tasas más altas de homicidio en el mundo. Esta situación empuja a una parte considerable de la población a dejar sus casas y seres queridos para salvar su vida. De acuerdo con nuestros registros, el 16% de los pacientes de esta región (TNCA) mencionan que los ataques directos son principal razón para huir de su país, mientras que un 41% decidió huir tras amenazas directas. Sin duda, la violencia, es un factor determinante, que sumado a la pobreza, son razones que obligan a estas personas a migrar hacia México y los Estados Unidos.
–¿Qué representa el Plan Frontera Sur, cuál ha sido su impacto en esta población?
–Desde que el Gobierno mexicano implementó esta medida se endureció la seguridad, se multiplicaron los controles o retenes, situación que obliga a los migrantes a elegir rutas más peligrosas. Una travesía a pie que puede durar entre dos y siete días. Ahí, tienen que enfrentar a grupos delictivos y todo tipo de violencia, incluyendo la violencia sexual. Continuamente están expuestos a robos, abusos, violaciones, secuestros y el riesgo de morir o desaparecer en manos de organizaciones criminales. De acuerdo con una encuesta nuestra [la encuesta de Victimización, realizada por MSF en septiembre de 2015 a 467 personas transmigrantes en 5 puntos de la ruta migratoria a lo largo de México] dos de cada tres migrantes y refugiados reportaron haber sido objeto de alguna forma de violencia.
Además, se ha ampliado el esquema de deportaciones o “repatriaciones”. Las cifras oficiales de la Unidad de Política Migratoria son contundentes: el 88% de la población migrante arrestada fue objeto de deportación en 2015. Las deportaciones sistemáticas, que hoy por hoy continúan, de población centroamericana víctima de la violencia en su país de origen, cuestiona el acceso a los mecanismos de protección que deberían estar garantizados en México para la población que huye de situaciones de riesgo que atentan contra su vida.
–¿Las personas migrantes y refugiadas pueden acceder a servicios de salud en México?
–En México, toda persona víctima de la violencia tiene derecho a recibir atención médica y psicológica de calidad independientemente de su origen y su situación migratoria, con especial atención a sobrevivientes de alguna forma de violencia extrema. A partir del 2015 esta población puede solicitar su registro temporal en el Seguro Popular mexicano; sin embargo, desde nuestra experiencia en el terreno, nos sigue pareciendo preocupante la falta de acceso a la salud para esta población, muchas veces dificultado por el desconocimiento del personal sanitario sobre la obligación de brindar esta atención o por la falta de recursos. La mayoría de nuestros pacientes prefieren no solicitar atención médica por miedo por a ser deportados o denunciados. En el caso de las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, es mucho más complejo. Para ellas, es crucial contar con acceso oportuno al tratamiento de anticoncepción de emergencia y a la profilaxis post-exposición, que puede representar la diferencia entre la vida o la muerte. Las normas sanitarias mexicanas, lo contemplan como una urgencia médica, pero en la práctica las mujeres centroamericanas encaran dobles barreras, incluidas el estigma social que las mujeres mexicanas conocen.
En el caso de quienes han sido víctimas de violencia extrema, la atención médica y psicológica debe ser prioritaria. A partir de noviembre de 2015, MSF ha abierto un Centro de Atención Integral (CAI) compuesto por un equipo interdisciplinario de médicos, psicólogos y trabajadores sociales quienes dan acompañamiento en los procesos de rehabilitación física y psicológica a víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
–¿Cómo es la atención que se brinda en este Centro?
–La integralidad se asegura con los servicios de asesoría para la protección social y legal específicos para cada paciente o grupo de pacientes, con el apoyo de la asociación ‘Scalabrinianas, Migrantes y Refugiados’ (SMR). Además, el CAI pretende trabajar de manera articulada con la red de albergues y espacios humanitarios para migrantes y refugiados del país, para la detección y la referencia de este tipo de pacientes víctimas de violencia extrema.
–¿Podría hablarnos del perfil de estos pacientes y sus principales necesidades médicas y psicológicas?
–Desde el inicio de las operaciones el CAI ha atendido a 85 personas migrantes y refugiadas. De cada cuatro pacientes atendidos, una fue mujer. El porcentaje de niños, niñas o adolescentes fue de 15% sobre el total de migrantes y refugiados atendidos. La mitad de los pacientes requirió ser referida a servicios sanitarios de segundo o tercer nivel, destacando los casos de traumatismo severo y violencia sexual. Respecto de la atención a la salud mental, de las personas que lo requirieron el 48% han tenido acceso a 4 o más consultas psicológicas o, en algunos casos, de psiquiatría. En materia de salud mental 9 de cada 10 migrantes encuestados declararon padecer síntomas asociados con la depresión o la ansiedad, lo que favorece su aislamiento y sufrimiento en solitario.
