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30 de noviembre de 2022
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REDES

OPINIÓN | Ocho de cada 10 mexicanos reprueba presidencia de EPN

OPINIÓN | Dra. Ivonne Acuña Murillo, académica de la Universidad Iberoamericana

A unas semanas de comenzar su quinto año de gobierno, Enrique Peña Nieto mantiene una aprobación del 24%; esto es, que ocho de cada 10 mexicanos reprueba su gestión. Difícil parece que en los dos años que restan a su administración la percepción negativa que la ciudadanía se ha formado cambie para bien.

Muy lejos quedaron los primeros dos años en los que el mandatario era visto como el “salvador de México”. Ahora, al entrar a su quinto año de gobierno, se encuentra débil y solo.

Diversos son los hechos que explican esta caída en la popularidad del presidente, su debilidad y soledad. Antes de abordarlos habrá que decir que en 2013 y 2014 todo parecía apuntar a un sexenio exitoso.

Peña Nieto fue capaz de reunir a las dos principales fuerzas políticas de oposición, el PAN y el PRD, para que, junto con su partido, el PRI, aprobaran las reformas estructurales que, desde su perspectiva, darían a México la posibilidad de salir del estancamiento económico y mejorar la distribución de la riqueza. El Pacto por México se convirtió entonces en el primer logro de su administración. El segundo estuvo marcado por la aprobación de once reformas estructurales, incluidas la energética y la educativa.

El reconocimiento internacional no se hizo esperar, en especial de aquellas instancias que hace años esperaban la oportunidad para compartir los beneficios de la industria petrolera mexicana. El semanario británico The Economist lo ubicó, después de un año de gobierno, como quien había llevado a la nación a vivir el mexican moment.

En el mismo tenor, el 24 de febrero de 2014, la revista Time se hizo eco del reconocimiento poniendo en su portada al presidente cruzado por la frase “Saving Mexico, definiéndolo como el “salvador de México”, y calificándolo como el líder cuyas reformas lograron cambiar la narrativa de un país asolado por el narcotráfico.

Todo parecía marchar viento en popa, hasta que el 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, situada en Iguala, Guerrero, desaparecieron y seis más fueron asesinados, uno de los cuales fue encontrado sin rostro, había sido desollado.

Ciertamente, estos hechos no pueden adjudicarse al gobierno federal, sin embargo, su tardía respuesta y la posterior “verdad histórica” dada por el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en torno al destino final de los jóvenes, así como la insistencia presidencial por dar vuelta a la página, sin que al final se sepa qué ocurrió esa noche y cuál es el paradero de los estudiantes, mancharon la imagen construida en los dos años previos.

Por si fuera poco, en noviembre del mismo año, Carmen Aristegui y su equipo de investigación, hicieron pública la existencia de la llamada “Casa Blanca”, ubicada en Las Lomas de Chapultepec, supuestamente propiedad de Angélica Rivera de Peña, cuyo valor excedía los ingresos del mandatario. Posteriormente, aparecieron otras dos casas, una más en las Lomas y otra en Ixtapa. Las casas se ligaban directamente con los empresarios consentidos del actual gobierno, Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa, y Roberto San Román Dunne, implicando al presidente en un conflicto de interés.

Pocas semanas después aparecieron dos casas más, una del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y otra del titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Estos últimos eventos golpearon fuertemente la imagen presidencial, que con todo y las explicaciones de Rivera y Videgaray, y las disculpas de Peña por haber puesto en cuestionamiento a la institución presidencial, no se ha podido restablecer.

El mismo semanario británico que había elogiado la gestión de Peña meses antes, The Economist, publicó un artículo titulado The Mexican morass (El pantano mexicano), donde señaló que ni Enrique Peña ni Luis Videgaray habían dimensionado el problema de conflicto de interés y corrupción ocasionado por su relación con los empresarios que habían recibido contratos millonarios durante su administración. Lo anterior fue resumido en la frase “Peña no entiende que no entiende”.

A lo anterior se suman casos como el de Tlatlaya, donde miembros del Ejército ejecutaron a 15 civiles y mataron a otros siete, incluyendo a una jovencita de 15 años, el 30 de junio de 2014; Tanhuato, Michoacán, donde murieron 43 personas, 42 presuntos criminales y un agente federal, en un supuesto enfrentamiento entre la Policía Federal y presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el 22 de mayo de 2015.

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A esta serie de eventos se sumó la fuga de Joaquín “el Chapo” Guzmán del penal de “máxima seguridad” del Altiplano, en julio de 2015; la caída de los precios del petróleo y el consecuente recorte de 132 mil mdp al gasto federal, en 2016; la fallida reforma educativa que ha enfrentado al gobierno federal con el magisterio disidente de la CNTE y la falta de resultados de la reforma energética, sólo por mencionar algunos de hechos que han deteriorado la popularidad de Peña Nieto y han puesto en entredicho no sólo las reformas estructurales, eje de su gobierno, sino su gestión misma.

Por supuesto, en este recuento no puede quedar fuera la invitación de Peña al republicano Donald Trump, en pleno proceso electoral en los Estados Unidos, lo cual le atrajo una serie de críticas, tanto a nivel nacional como internacional, convirtiendo a México en el hazmerreír del mundo, después que su presidente extendió la alfombra roja y dio trato de jefe de Estado a un candidato que, en ese momento, se encontraba abajo en las encuestas, y que durante toda la campaña se había dedicado a denostar e intimidar a las y los mexicanos residentes en el país del norte y a amenazar con la construcción de un muro que sería pagado por el gobierno mexicano.

Todo lo anterior, y lo que aquí se deja fuera, ocurre en un contexto político en el que el presidente de la República, sea quien sea, se enfrenta a un conjunto de factores que los priistas del periodo clásico no enfrentaron, entre ellos un país que cada día se desgobierna más; una economía atada como nunca a los vaivenes internacionales del capital, los precios del petróleo y hasta los caprichos del nuevo presidente de EU; el empoderamiento de grupos fácticos como el narco, los empresarios y la misma Iglesia católica que se atrevió a cuestionar al presidente en torno a su iniciativa de los matrimonios igualitarios; el actuar de los gobernadores que se han convertido en una especie de “señores feudales” que abusan de sus gobernados y descaradamente vacían las arcas públicas, como en los casos de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, sin que haya un poder que ponga límites a su desenfreno; una cada vez mayor colusión entre “políticos arribistas no profesionales”, que viven de la política y no para la política, y la delincuencia organizada; una sociedad harta de la incompetencia, negligencia, insensibilidad y corrupción de sus gobernantes; un desencanto generalizado por la democracia que abarca a amplios sectores sociales; una enorme y preocupante desintegración social que opera como caldo de cultivo de un sinnúmero de conductas atroces de nacionales contra nacionales; y una creciente convicción de que “nadie”, ni siquiera el actual presidente de la República, puede sacar a México del pozo en el que se encuentra.

Éste es el contexto en el que Enrique Peña Nieto comenzará su quinto año de gobierno, año que tradicionalmente marca el declive del poder presidencial, poder que en el caso de Peña se encuentra ya bastante disminuido con el abandono parcial de su propio partido que ya no está dispuesto a acompañarlo en su caída, sino que prefiere desligarse de él, como se vio en el Poder Legislativo donde ni siquiera su partido lo apoyó para aprobar la iniciativa de los matrimonios igualitarios.

En esta soledad, Peña hace cambios en su gabinete sin salir de su espacio de confort, cambiando sus fichas de lugar sin atreverse a incorporar nuevos rostros y nuevas trayectorias, colocando a personajes de su grupo cercano que dejan mucho que desear, como el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, quien evidenció su desconocimiento de los temas del ramo que encabeza, su falta de oficio político y su labor como operador político en los tres estados que el año próximo celebrarán comicios, Coahuila, Nayarit y Estado de México; últimos bastiones que Peña pretende mantener para que el PRI no llegue totalmente derrotado a las elecciones presidenciales del 2018.

La Dra. Ivonne Acuña Murillo es profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

 

 

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Las opiniones y puntos de vista vertidos en este comunicado son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de la Universidad Iberoamericana ni de Conexión Migrante.