Lo primero que Orlando N. quiso que Human Rights Watch supiera era que su último pago de impuestos al gobierno de Estados Unidos fue de USD 17 mil 655.
Contó que había vivido 33 años ininterrumpidos en Estados Unidos como inmigrante indocumentado, que tiene un hijo con ciudadanía estadounidense y que era habitual que diera trabajos ocasionales a ciudadanos estadounidenses en su taller mecánico en Fort Worth, Texas. Mientras nos contaba su historia en un centro de recepción de personas deportadas en Nuevo Laredo, México, insistió en que él nunca “le costó un centavo a Estados Unidos”.
“Nunca pedí nada”, dijo, con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, “cupones para alimentos, asistencia, nada”.
La historia de Orlando N…
Orlando N. nos contó que dejó su hogar en el estado de Guerrero, México, y cruzó la frontera solo cuando tenía 13 años. Al igual que muchos mexicanos indocumentados, empezó trabajando en agricultura pero fue cambiando a nuevos empleos que ofrecían una mejor paga; en el Cowboy Concert Hall en Arlington, Texas, en hoteles y como vendedor de repuestos de automóviles importados en Dallas.
Después de ganar suficiente dinero, regresó a México, contrajo matrimonio con Cynthia –la muchacha que había dejado cuando se marchó— tuvo un hijo y después de algunos años los llevó a todos al Norte.
En 2007, contó, ya había ahorrado dinero suficiente para que Cynthia pudiera abrir un salón de belleza y él un taller mecánico en Fort Worth.
Actualmente es propietario de un edificio allí, cuyo valor, según estima, es de 500 mil dólares. También paga las hipotecas e impuestos de cinco casas que alquila, en sus propias palabras, “a mexicanos”.
“Le pago USD 12 mil por año al contador que se encarga de mis impuestos”, afirma con orgullo.
Entretanto, él y Cynthia tuvieron otro hijo, el único de la familia con ciudadanía estadounidense. Su hijo mayor, que está en la universidad, es un “DREAMer” (se suele denominar DREAMer a un inmigrante traído a Estados Unidos durante la infancia, que reuniría los requisitos para regularizar su situación legal en virtud del proyecto legislativo conocido como Ley DREAM).
Su vida cambió…
Nada de eso evitó los acontecimientos de principios de junio en Fort Worth, cuando mantuvo una discusión con su hermano que terminó con este rompiendo todas las ventanillas del automóvil de Orlando N. Habiendo progresado durante tanto tiempo en Estados Unidos, olvidó la regla de oro para muchos inmigrantes indocumentados: nunca llamar a la policía.
“La policía llegó, me dijo ‘Dese vuelta’ y me esposó. Mi hermano sostuvo que yo lo había golpeado y me acusaron de violencia doméstica”, contó Orlando, con los ojos vidriosos por las lágrimas. Orlando pasó tres días en la prisión de Arlington, hasta que su hermano firmó una declaración indicando que Orlando nunca lo había golpeado.
Para entonces, Orlando N. ya había llamado la atención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) e iba camino a ser deportado. En lugar de comparecer ante un juez de inmigración, Orlando firmó una orden de expulsión voluntaria. Se secó los ojos con la manga, y no pudo evitar de nuevo las lágrimas.
