Las cárceles de E.U. enfrentan una decisión importante sobre si seguirán asociándose con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el acuerdo 287 (g) que permitía que las agencias desarrollen funciones propias de oficiales de inmigración.
El acuerdo de cooperación conocido como 287 (g), fue presentado en 2017 y vencerá el próximo 30 de junio.
Las 80 jurisdicciones en los Estados Unidos que habían acordado con ICE, decidirán el próximo mes si seguirán siendo cómplices en la agenda anti-inmigrante del presidente Donald Trump.
La administración de Trump ha sido implacable en sus ataques contra los migrantes, desde intentar poner fin a los más de 1 millón de soñadores con DACA; hasta alejar a los niños de su padres en la frontera de Estados Unidos y México.
Las familias migrantes continúan sintiendo tema en las políticas del gobierno de Donald Trump.
Los cambios radicales en la aplicación de la ley de migración en los Estados Unidos incluyeron el reinicio del controvertido programa federal-local conocida como 287 (g), a través de la cual los agentes de la ley locales y estatales actúan como agentes de ICE.
Si bien la administración Trump no creó el programa 287 (g), lo ve como una herramienta crítica en su capacidad de deportar a la mayor cantidad posible de inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos.
Hoy, ICE tiene contratos de 287 (g) con 81 agencias de aplicación de la ley en 21 estados, dos tercios de los cuales fueron firmados durante la administración de Trump.
La decisión de colaborar a través de un acuerdo 287 (g) es puramente discrecional, y los funcionarios estatales y locales pueden rescindir estos acuerdos en cualquier momento.
Durante el próximo mes, las jurisdicciones deben elegir si cumplirán con la política de migración del Presidente Trump al continuar su colaboración en la aplicación de la ley federal de migración o proteger a sus comunidades y priorizar la seguridad pública al no renovar sus alianzas 287 (g) que expiran.
Una herramienta importante en la política de Trump
Durante los últimos años, los arrestos por inmigración dentro de los Estados Unidos han aumentado.
La administración de Trump ha adoptado un enfoque particularmente agresivo para hacer cumplir la ley de migración al ampliar el alcance de quienes están en riesgo de deportación.
El presidente ha ordenado redirigir los recursos de los Estados Unidos para eliminar a todos los migrantes indocumentados, independientemente del tiempo que hayan vivido en los Estados Unidos, sus familiares o sus antecedentes penales.
De acuerdo con un análisis del Centro para el Progreso de los Estados Unidos, en los primeros 16 meses de la administración de Trump, más de 12 mil migrantes fueron deportados bajo el programa 287 (g). Esto es dos veces y media más que los deportados en los últimos 16 meses de la administración de Obama.
La participación en el programa 287 (g) puede tener implicaciones sociales, económicas y fiscales de gran alcance para las comunidades. Varios estudios han demostrado que integrar a ICE en las leyes locales, daña la seguridad pública y destruye la vigilancia policial efectiva.
El programa 287 (g) ha estado históricamente plagado de acusaciones de discriminación racial y abusos contra los derechos civiles, algunos de los cuales han dado lugar a importantes demandas a expensas del dinero de los contribuyentes.
El programa 287 (g) no solo está plagado de fallas de transparencia y supervisión, sino que también amenaza a las economías y comunidades locales.
Las localidades que se inscriben en este programa voluntario están haciendo esto a riesgo de perder estas contribuciones económicas vitales de los hogares de migrantes, quienes contribuyeron con $ 24.4 mil millones en ingresos fiscales anuales y generaron $ 65.9 mil millones en poder adquisitivo.
