Aunque el contacto sexual entre las personas detenidas en los centros de detención de ICE y el personal de las instalaciones es ilegal (debido al desequilibrio de poder), un centro de detención de migrantes está intentando lavarse las manos de un caso de abuso bajo el argumento que el caso fue consentido.
Este es el caso de “E.D.”, una mujer que escapó de honduras para solicitar asilo en Estados Unidos y terminó siendo agredida por un empleado de del Centro de detención Berks Family Residential, en Pensilvania.
De acuerdo con la denuncia realizada por ACLU, los hechos ocurrieron en 2014, mientras E.D. estaba detenida con su hijo de 3 años, en ese entonces ella tenía 19 años.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aseguró el contacto sexual entre detenidos y empleados es ilegal en los 50 estados y el Distrito de Columbia.
E.D. presentó una demanda contra el centro de detención y su personal por no haberla protegido de la violencia sexual, a pesar de que estaban conscientes del riesgo.
El registro del caso revela que el agresor coaccionó a la mujer y la amenazó, incluso con una posible deportación, mientras que los acusados se mantuvieron al margen e hicieron bromas.
Aunque el empleado se declaró culpable de asalto sexual institucional criminal, según la ley de Pennsylvania, los acusados dijeron que no deben ser responsables por ninguna violación constitucional.
Ellos aseguraron que el abuso sexual fue “consensual” y que deberían ser sometidos a un estándar diferente porque el Berks Family Residential Center es un centro de detención de inmigrantes en lugar de una cárcel o prisión.
Sin embargo, ACLU dejó claro que los empleados de estos centros ejercen un control severo sobre las personas que están bajo custodia, por lo que el consentimiento para el contacto sexual no se puede otorgar de forma libre.
Durante muchos años, ACLU, grupos de defensa y los migrantes han denunciado las condiciones inseguras en la detención de migrantes, incluida la violencia sexual y las represalias que enfrentan las personas detenidas cuando denuncian las violaciones.
Una investigación reciente sobre el abuso sexual en centros de detención de ICE detalló que de 2012 y marzo de 2018 se reportaron mil 448 denuncias por abuso sexual.
Tan solo en 2017, se registraron 237 denuncias en los recintos de detención de la migra.
Lo peor es que en años pasados, los funcionarios de prisiones y cárceles de inmigración no informaron el 40 por ciento de las acusaciones de abuso sexual a la sede de ICE.
Recientemente en Arizona, el Departamento de Servicios de Salud del estado revocó la licencia de Southwest Key, un contratista sin fines de lucro que retiene a niños migrantes en sus instalaciones, ubicadas en todo el país.
La licencia fue revocada porque Southwest Key no cumplió con las verificaciones de antecedentes requeridas de los empleados. Al menos tres ex empleados han sido arrestados por abusar sexualmente de niños migrantes. Uno fue declarado culpable y uno de los centros fue cerrado a raíz de las denuncias de que el personal había abusado de niños.
