Paisano, si quieres tramitar tu Green Card debes saber que ser una carga pública es motivo suficiente para que las autoridades estadounidenses te nieguen la residencia permanente, sin embargo en fechas recientes los funcionarios han comenzado a redefinir lo que convierte a las personas en “Public Charge”.
Desde hace un par de meses la administración encabezada por el presidente Donald Trump anunció que el haber sido beneficiado por programas públicos sería motivo suficiente para negar la Green Card.
Tal como lo detalló Catholic Legal Immigration Network Inc (CLINIC), sin fanfarrias y con poco aviso público, el Departamento de Estado (DOS) modificó el manual de Asuntos Exteriores (FAM) para aumentar los requisitos para cumplir con el requisito de admisibilidad de la carga pública.
De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), carga pública es “una persona que tiene gran probabilidad de convertirse en dependiente del gobierno para su subsistencia, según lo demuestre el hecho de que ha recibido (o recibe) dinero público para su sustento, o por su institucionalización bajo cuidado a largo plazo a costa del gobierno”.
El 30 de septiembre de 1996 se promulgó la Ley de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA), en ese entonces el Congreso enmendó el motivo de inadmisibilidad, definiendo los factores a tener en cuenta para decidir si un solicitante ha cumplido con esta carga, estos factores son:
- Edad
- Salud
- Estatus familiar
- Activos
- Recursos
- Estatus financiero
- Educación y capacitación
Sin embargo, la interpretación de la ley bajo la actual administración es diferente, pues de acuerdo con el abogado Emilio García, una de las principales directrices del presidente Trump es limitar la migración, tanto la legal como la ilegal.
El gobierno actual se ha enfocado en cambiar las normas sin recurrir al Congreso o la Cámara de representantes, regulando la migración desde las embajadas y consulados al aplicar las leyes tal y como están escritas.
En anteriores administraciones, como la del expresidente Barack Obama, las autoridades migratorias aplicaban las leyes de forma discrecional, algo que se acabó con la llegada de Donald Trump al poder.
Debido a esto, el uso de la carta de sostenimiento Forma I-864 ya no es suficiente para mostrar que la persona no se convertirá en una carga pública. Del mismo modo, otros documentos como las cartas de sostenimiento ya no son un factor determinante, tan solo es un elemento positivo para la solicitud.
Ahora, una persona debe tener ingresos al menos 150% superiores sobre el nivel de pobreza, lo cual limita la migración legal para personas de bajos estratos.
De acuerdo con García, los más afectados de los nuevos lineamientos son las madres y los hijos menores, lo cual ha provocado bastante incertidumbre ya que en el caso de salir del país para arreglar sus papeles deben tramitar un perdón por su estatus y en el caso que se les niegue el documento este perdón también es revocado.
Por lo cual, a todas las personas que pretendan arreglar su estatus migratorio les recomienda acudir con abogados especializados en el tema y no salir del país hasta que hayan revisado su caso en lo referente a la carga pública.
