Dos inmigrantes detenidos en el Centro de Procesamiento del Condado Otero en Louisiana, iniciaron una demanda exigiendo que la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deje de impedir que los detenidos se pongan en contacto telefónico con sus abogados y familiares.
La demanda interpuesta por Franklin Gómez Carranza y Rubén Torres Jáuregui está gestionada por el Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC).
Pide que la corte ordene a ICE la suspensión de sus prácticas que restringen el acceso telefónico.
AIC señaló que está restricción interfiere con la capacidad de los detenidos para obtener un abogado y reunir evidencia para presentar sus casos en tribunales.
ICE tiene bajo custodia más de 21 mil hombres, mujeres y niños a la espera de audiencias que decidirán su deportación.
Kate Mellow Goettel, directora legal de AIC, señala que es casi imposible programar las llamadas gratuitas.
“La mala calidad de sonido a menudo hace que esas llamadas sirvan para nada, y la falta de privacidad hace imposible la confidencialidad”.
Indicó que la medida sería alarmante en cualquier circunstancia, pero lo es aún más durante la pandemia de Covd-19 debido a que abogados no pueden visitar los centros.
La abogada Paige Pavone declaró que las llamadas impiden el desarrollo de una defensa legal y obstruye la relación entre cliente y abogado.
Debido a que en las líneas todo se graba y otros detenidos, así como el personal, pueden escuchar lo que se habla. Además, existe poco acceso telefónico debido a la alta demanda.
Con información de La Opinión.
