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NY, Connecticut y Vermont presentan demanda para bloquear la regla de “carga pública” de Trump

Nueva York, Connecticut y Vermont demandan para bloquear la regla de "carga pública" de Trump
Connecticut, Vermont y Nueva York se han unido para intentar bloquear el esfuerzo de la administración de Donald Trump para limitar los caminos de ciudadanía de algunos migrantes.

Connecticut, Vermont y Nueva York se han unido para intentar bloquear el esfuerzo de la administración de Donald Trump para limitar los caminos de ciudadanía de algunos migrantes que se encuentran de manera autorizada en los Estados Unidos.

La fiscal de Nueva York, Letitia James, anunció el martes por la mañana que estos tres estados presentaron una demanda contra las agencias federales que tienen por objetivo implementar una regla que ampliaría la definición de “carga pública” a partir del 15 de octubre.

Según la nueva regla, los funcionarios pueden considerar a los migrantes que buscan cambiar su estado legal migratorio y que se encuentran inscritos en programas financiados con fondos públicos (como cupones de alimentos y seguros de salud pública), como una “carga pública”, lo que lo que significaría que probablemente usarían beneficios públicos en el futuro.

Una vez que se les etiquete como una “carga pública” a los migrantes, se les negarían las tarjetas de residencia (green cards) y otras formales de estatus legal.

“Simplemente, bajo esta regla, más niños pasarán hambre, más familias se quedarán sin atención médica y más personas vivirán en las sombras y en las calles. No podemos y no permitiremos que eso suceda”, dijo James a NBC.

Muchas familias que son elegibles para recibir beneficios públicos se han retirado de algunos programas gubernamentales o se han negado a solicitar asistencia desde que se filtró un borrador de la regla de “carga pública” el año pasado

“Generaciones de ciudadanos llegaron a las costas acogedoras de la isla Ellis con nada más que un sueño en sus bolsillos”, dijo James en un comunicado.

“Los esfuerzos poco velados de la administración Trump para permitir que solo aquellos que cumplen con sus estrictos criterios étnicos, raciales y económicos ingresen a nuestra nación son una clara violación de nuestras leyes y nuestros valores”, añadió James.

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La regla de “carga pública” viola los derechos de igualdad de protección

En la demanda, James y el Fiscal General William Tong de Connecticut y Thomas J. Donovan de Vermont mencionan que la administración extendió arbitrariamente la barra de “carga pública” de una manera que viola los derechos de igual protección garantizados por la Constitución de los Estados Unidos.

Los demandantes argumentan que la norma también discrimina a las personas con discapacidad y de bajos ingresos, así como a los migrantes de color.

La nueva regla es el último esfuerzo de la administración Trump “para reducir la población de residentes permanentes de color en los Estados Unidos”, de acuerdo a la demanda.

Esta demanda enumera nueve casos en los que la administración Trump buscó “aislar y excluir a los inmigrantes latinos y otros inmigrantes de color”, incluida la rescisión de DACA, la cual protege a unos 700 mil jóvenes inmigrantes, que trabajan o estudian, de la deportación.

El Departamento de Seguridad Nacional definió previamente “carga pública” como alguien que dependía de asistencia en efectivo o atención institucional a largo plazo financiada por el gobierno, pero la nueva regla amplía la definición para incluir beneficios adicionales como cupones de alimentos, Medicaid que no sea de emergencia, ciertos medicamentos recetados, subsidios y vales de vivienda.

La “carga pública” ayuda a proteger a los contribuyentes estadounidenses: administración de Trump

Por otra parte, la administración Trump argumenta que ampliar el significado de “carga pública” ayuda a “proteger a los contribuyentes estadounidenses” y asegura “que los no ciudadanos en este país sean autosuficientes y no ejerzan presión sobre los recursos públicos”.

Según la New American Economy , una organización bipartidista de investigación y defensa, los migrantes pagan 405.4 mil millones en impuestos anualmente, ayudando a financiar servicios sociales y programas como: Medicare y Seguridad Social.

Un estudio realizado por el Urban Institute encontró que más del 20% de los migrantes que encuestaron consideraron no solicitar los programas de ayuda federal para los que eran elegibles, por temor a que hacerlo obstaculizara el estado de su green card.

La acción legal se produce días después de que el estado de California y varios grupos de defensa presentaron demandas separadas contra la nueva regla.

Se presentaron más de 60 demandas para bloquear la regla de la carga pública, incluidas las de Nuevo México, Colorado, Rhode Island, Maine, Maryland y Massachusetts, dijo James durante una conferencia de prensa el martes por la mañana.

Con información de agencias.

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