Junio Jules, migrante originario de Haití, que vivía en un pequeño cuarto de la ciudad de Tapachula (Chiapas), falleció, presuntamente, por Covid-19.
Luis García Villagrán, activista y director del Centro de Dignificación Humana AC, señaló que el deceso de Jules solo evidencia lo que cerca de 11 mil migrantes haitianos, en espera del documento que les entregará la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), han padecido en los últimos meses durante su estancia en el municipio fronterizo.
El pasado 24 de agosto, otro haitiano también falleció de Covid-19, su cuerpo quedó en la vía pública en esta misma localidad de la región Soconusco del estado.
Según información de La Silla Rota, Jules presentó dolor de cabeza y de estómago, así como diarrea y dificultad para respirar.
Su esposa e hija declararon que, hasta donde tienen entendido, fue hospitalizado en el Hospital General porque no tienen dinero.
El inmigrante haitiano no contaba con un empleo, por lo que él y su familia sobrevivían de las dádivas de los pobladores.
García Villagra afirmó el Instituto Nacional de Migración y la Comar que son autoridades “criminales”.
Aseguró que existen situaciones turbias en estos casos, e instancias como la FGE se desentienden con el argumento de que le corresponde al Ayuntamiento.
También señaló que personas como Junio van a parar a la fosa común, mientras las autoridades municipales “se alzan el cuello” al justificar que se responsabilizaron de darle cristiana sepultura.
A pesar de que existe el Fondo Mérida, de Estados Unidos, que cubre dichos gastos.
Con información de La Silla Rota.
